La Defensoría del Pueblo de Ecuador, consciente de la necesidad de aplicar medidas adecuadas para afrontar de manera efectiva la emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19, convoca al Gobierno Nacional, a las instituciones nacionales y descentralizadas, a:
-Que las decisiones que se adopten sean a través del Comité de Operaciones de Emergencia – COE, que es el ente rector para diseñar e implementar las políticas públicas en la materia y es liderado por el Gobierno Nacional; es decir, los gobiernos autónomos descentralizados deben coordinar y alinear sus esfuerzos y decisiones con lo establecido por el COE, ya que las acciones se deben aplicar a escala nacional y no local, actuando de forma responsable y coherente.
-Que la información emitida por el Gobierno Nacional sea absolutamente clara y concreta y se utilicen para el efecto, de manera oportuna, los canales masivos de información, accesibles para la ciudadanía, a n de que todas y todos los habitantes del país prevean el cumplimiento de las disposiciones y así se eviten sanciones impuestas debido al desconocimiento ciudadano, lo cual además evita que se genere más confusión o pánico en la población ecuatoriana.
-Que esta emergencia no se convierta en una causa para tomar medidas económicas y/o sociales desproporcionadas que afecten los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Además, las decisiones deberán guardar relación con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuyo objetivo sea alcanzar exclusivamente un n legítimo o constitucional, es decir, precautelar la vida y la integridad de las y los ciudadanos. Todas aquellas medidas que se encuentren fuera de este marco deben ser reconsideradas.
Con estos antecedentes, es imprescindible considerar la aplicación del enfoque de derechos humanos, para lo cual las autoridades públicas nacionales y locales, deberán establecer una metodología de monitoreo y evaluación de estas medidas para garantizar los resultados previstos al inicio de la emergencia y, de no ser así, considerar la necesaria exibilidad para que las herramientas normativas y de política pública emitidas sean modi cadas y socializadas de manera urgente y oportuna.
“Convoco a la ciudadanía, además, a poner en práctica el ejercicio de la conciencia y responsabilidad social, acatando plenamente las disposiciones sanitarias, laborales y de movilidad. Los derechos humanos y de la naturaleza serán garantizados, puesto que la Defensoría del Pueblo ha implementado un plan de contingencia para atender a ciudadanos y ciudadanas a través de sus canales de comunicación (http://portal.dpe.gob.ec/; contacto@dpe.gob.ec y contactos telefónicos)”, enfatizó el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago.
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