La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante la decisión tomada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de cerrar los servicios de atención a la infancia denominados Guagua Centros, sitios destinados al cuidado integral de niños y niñas de 1 a 5 años de edad, donde personal especializado brinda atención a esta población vulnerable y a sus familias.
La medida reviste mayor gravedad en medio de la pandemia de COVID-19, situación que agrava la situación de los niños y niñas y sus familias, así como del personal técnico que labora en estos lugares. Por ello, la Defensoría del Pueblo alerta que, ante una decisión que perjudica a un sector vulnerable de la población, es deber de las entidades del Estado, realizar mayores esfuerzos para garantizar sus derechos a través de servicios públicos óptimos y de calidad.
Es lamentable evidenciar que los servicios públicos dependan de programas coyunturales y no de una política pública que atienda de forma estructural las obligaciones de cuidado, prevención y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, desplazados/as, refugiados/as y demás grupos de atención prioritaria.
Por otro lado, el cierre de los Guagua Centros también evidencia la injusta organización social de los cuidados desde un enfoque de género. De acuerdo con los criterios técnicos de la CEPAL, el cierre de este tipo de servicio público supondría la sobrecarga del tiempo de cuidado de las familias, especialmente, de las mujeres, quienes, en su mayoría, se dedican al trabajo doméstico no remunerado.
Ante este hecho, la Defensoría del Pueblo exhorta:
– A las autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para que la decisión del cierre de los Guagua Centros sea revisada y, con ello, se cumpla la obligación de precautelar la garantía de los derechos a la vida, integridad y supervivencia de niños y niñas que reciben atención y cuidado en estos lugares; lo cual, además, incluye el cumplimiento de los acuerdos preexistentes de entrega de recursos para la atención a toda la población bene ciaria de este programa.
– A las autoridades del Gobierno nacional, para que los recortes presupuestarios no afecten los servicios públicos sociales que atienden las necesidades de la población y los grupos de atención prioritaria. Además, que se aplique el enfoque de género en la evaluación de las políticas públicas para desmontar el discurso legitimado sobre la naturalización de las tareas domésticas y de cuidado como esencial a las mujeres; así también, visibilizar y valorar las actividades que se realizan en el hogar como trabajo.
– Al Ministerio de Trabajo para que, en aplicación de los lineamientos establecidos por la Organización Mundial del Trabajo en el contexto de la emergencia sanitaria mundial, impida los despidos y la afectación de los derechos de las mujeres trabajadoras.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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