Desde octubre de 2019, las amenazas a la seguridad e integridad del Defensor del Pueblo y su familia fueron denunciadas públicamente en varias ocasiones, incluso, se denunció la falsa alarma de una bomba en su domicilio.
Producto de ello, la primera solicitud de ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) se realizó el 05 de marzo de 2020, ante la Fiscalía No. 2 de la Unidad DACE, a cargo del Dr. Raúl López Carrera. El mencionado Fiscal aceptó la solicitud el 06 de marzo de 2020. Luego de unos días, inició el confinamiento por la pandemia y el proceso se suspendió.
El 21 de diciembre de 2020, se notificó un impulso fiscal, mediante el cual se comunicó, entre otras cosas, que el proceso fue trasladado a la Fiscalía No. 3 de la Unidad de Soluciones Rápidas.
Desde hace, aproximadamente, 20 días, se han presentado nuevos intentos de intimidación y amenazas dirigidas directamente a la familia del Defensor del Pueblo, razón por la cual, se volvió a presentar, el 11 de febrero de 2021, la solicitud para que se reactive el ingreso del Defensor del Pueblo y su familia al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT). Dicha solicitud se aceptó el 05 de marzo del presente año, y se llenaron los formularios respectivos.
El 10 de marzo de 2021, el Fiscal remitió el expediente al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), y el programa ha realizado entrevistas individuales al Defensor del Pueblo y su familia, restando a la fecha, la entrevista para el informe del estado de vulnerabilidad psicológica.
Con esos antecedentes, se afirma que son varias las amenazas recibidas por el Defensor del Pueblo y su entorno familiar, a partir de octubre de 2019, y no son recientes las alertas y pedidos para que se valore su seguridad y niveles de protección. El último requerimiento se lo hizo hace 14 días y el SPAVT se encuentra en proceso de análisis de aceptar el ingreso o no al sistema. Como solicitante y beneficiario de la medida, el Defensor del Pueblo reitera la total predisposición para colaborar en la valoración del caso.
Como parte de la denuncia pública presentada en contra del Presidente de la República y otras autoridades del Gobierno Nacional, precisamente, por los hechos acontecidos en octubre de 2019, se recordó a las autoridades de justicia, las amenazas de las que ha sido objeto el Defensor del Pueblo, su familia e, incluso, funcionarios/as de la institución, insistiendo en ello para que se considere, de modo urgente y prioritario, el ingreso al sistema.
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