Juez de la Unidad Judicial Civil de la parroquia de Iñaquito en el Distrito Metropolitano de Quito aceptó una acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de una madre, a quien se le vulneraban sus derechos al ser sustituta para una persona con discapacidad.
La madre, una servidora pública que labora en Quito y cumple jornadas de trabajo de 14 días en la provincia de Orellana, había solicitado su traslado con el objetivo de acompañar a su hijo a las terapias de desarrollo de habilidades de relacionamiento social, autonomía y vida digna; sin embargo, su pedido fue negado con el argumento de que la Ley Orgánica de Servicio Público no reconoce cambios administrativos por esta causa.
Ante lo sucedido, la Defensoría del Pueblo auspició la acción de protección, considerando el principio de «ajuste razonable» determinado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución de la República del Ecuador, que establece que las niñas y niños con discapacidad tienen derecho a protección especial y reforzada cuando están en situación de doble vulnerabilidad, como sucede en este caso.
Los argumentos planteados fueron suficientes para que el juez disponga a la institución pública se realice el cambio de lugar de trabajo de la madre del niño, quien padece una discapacidad psicosocial grave del 65%.