El pasado 23 de mayo, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó la apelación que presentó la Defensoría del Pueblo, en una Acción de Protección a favor de un ciudadano portador de VIH que aplicó a un puesto de trabajo en una empresa privada de la ciudad y que fue excluido en el proceso de contratación al conocer el médico de seguridad y salud ocupacional que el aspirante es portador del virus.
El dictamen de la Sala determinó que se vulneró el derecho al trabajo de esta persona que forma parte de un grupo de atención prioritaria y como medidas de reparación integral dispuso que la empresa ofrezca disculpas públicas guardando confidencialidad y privacidad de los datos personales del ciudadano portador; que la empresa realice un taller de capacitación a su personal directivo y en especial, a los servidores encargados de la contratación de personal; y, la elaboración de protocolos que obliguen a la empresa remitir a Recursos Humanos el certificado de Aptitud Médica.
La acción constitucional fue presentada en primera instancia en el Tribunal de Garantías penales por la Dirección Nacional de Derechos del Buen Vivir de la Defensoría del Pueblo por vulneración de los derechos al trabajo, igualdad y no discriminación a una persona portadora de VIH.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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