La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó una acción de protección contra la operadora telefónica Otecel S.A. por la afectación de derechos constitucionales de 65 personas en el Distrito Metropolitano de Quito. Desde el 2018, las personas afectadas denunciaron en la Coordinación General Defensorial Zonal 9 que la empresa MOVISTAR debitó valores de sus cuentas bancarias, sin que haya existido un contrato de prestación de servicios, violando sus derechos a elegir bienes y servicios con libertad, a recibir bienes y servicios de calidad y el derecho al honor y al buen nombre. Este tipo de casos visibilizan una práctica abusiva del mercado que además desatiende la debida diligencia que deben guardar las empresas en relación a los derechos de las personas usuarias y consumidoras.
Las personas denunciantes manifestaron que acudieron a Movistar en busca de explicaciones y en procura de la devolución de los valores debitados o la rectificación de la información enviada al Buró de Crédito. Ante los reclamos la empresa informaba a las personas afectadas que sus casos serían analizados internamente y que las investigaciones durarían hasta seis meses. Si bien la empresa intentó dar solución a las más de 65 personas afectadas que acudieron a la Defensoría del Pueblo, no ha buscado una solución integral y definitiva que evite que este tipo de vulneraciones sean reiterativas.
La Coordinadora General Zonal 9, Gioconda Benítez Escobar, patrocinadora de la garantía constitucional, solicita a la Jueza de la causa que MOVISTAR elabore y ejecute una estrategia para prevenir la contratación fraudulenta, que permita la confirmación de la voluntad del usuario en la contratación de bienes y servicios; así mismo solicitó la presentación periódica sobre la recurrencia de casos y la solución inmediata de todas las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo.