Frente a los hechos que fueron de conocimiento público sobre el abuso y excesivo uso de la fuerza de Policía Nacional contra la integridad física de las personas que se movilizaron en el paro nacional, en el cantón Saraguro, provincia de Loja, en 2015, la Coordinación General Defensorial Zonal 7 (CGDZ7) instauró, de oficio, un expediente de investigación defensorial que permitió llegar a un resolución en este caso de vulneración de derechos humanos en dicha localidad.
Por supuesto, para determinar responsabilidades en la mencionada resolución, la CGDZ7 agotó el trámite correspondiente y solicitó a las partes la información completa que sustente que el uso de la fuerza no fue excesivo en el operativo de desalojo de la vía Loja-Cuenca, y que los manifestantes no fueron agredidos de manera violenta por parte de los efectivos de la Policía Nacional de dicha localidad. Por ello, se solicitó información y se pidió la comparecencia del Comandante Nacional y de la Brigada No. 7 de Loja, de la jefa Política de Saraguro, y varias otras autoridades locales como nacionales.
Esta gestión de la Coordinación Zonal 7 se efectúo en tutela de los derechos a la integridad personal, la seguridad jurídica, a la libertad de opinión y expresión, de asociarse, reunirse y manifestarse, y a la libertad de participación del grupo de 300 personas manifestantes, mayoritariamente de nacionalidad indígena, que se encontraban obstaculizando la vía Loja-Cuenca y que fueron desalojadas abusando del uso progresivo de la fuerza de parte de algunos elementos policiales.
A decir de la Defensoría del Pueblo, el derecho a manifestarse en forma libre y voluntaria es fundamental en el Ecuador, ya que es una posibilidad de apertura democràtica que intenta establecer un canal de diálogo con las autoridades, así como con diversos actores y sectores que forman parte de la sociedad ecuatoriana. Pero, éste derecho en la práctica puede entrar en conflicto con otros derechos o la propiedad pública. Por ello, es responsabilidad de las fuerzas de control del orden público buscar en equilibrio, sobre la base de que las adecuadas manifestaciones requieren que todas las partes interesadas protejan y hagan valer una amplia gama de derechos. En ese sentido, la Policía Nacional debe adoptar todas las medidas razonables para comunicarse con las personas que participan en la manifestación y sus efectivos contar con formación en derechos humanos.
Con los antecedentes señalados, la CGDZ7 exhortó a la fuerza pública que, en casos análogos, preserve la seguridad de la ciudadanía y el orden constitucional usando la fuerza de manera razonable y proporcional, en apego a las garantías constitucionales. También, conminó al pueblo indígena que se movilizó en esta manifestación ciudadana a que empleen los espacios de acercamiento y diálogo constructivo no violento, con el afán de plantear sus demandas y exigencias al Estado ecuatoriano.