La Defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira Jurado, y la presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Jeannine Cruz, suscribieron un convenio enmarcado en el desarrollo de lineamientos generales que permitan afianzar la protección de los derechos de las y los periodistas y las personas trabajadoras de la comunicación en el territorio ecuatoriano.
Este instrumento de cooperación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Comunicación, denominado «Convenio marco de articulación de responsabilidades interinstitucionales para la protección a periodistas», permitirá coordinar acciones entre ambas entidades para, en el marco de sus responsabilidades, competencias y capacidades, afianzar la tutela de los derechos de las personas comunicadoras de Ecuador.
La directora nacional del Mecanismo de Protección de los Derechos de las Personas Trabajadoras y Jubiladas de la Defensoría del Pueblo, Mery Tadeo, señaló -en sus palabras de bienvenida- que “el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos de las personas trabajadoras y que las y los periodistas desarrollen sus actividades de forma adecuada y garantizando una comunicación de calidad».
El presente convenio tendrá un periodo de vigencia de dos años, a partir de su suscripción y, por su naturaleza, no se efectuará erogación de fondos entre las partes, con el objetivo de implementar lineamientos generales, recomendaciones y protocolos que permitan articular acciones para la protección a las personas trabajadoras de la comunicación, a través del intercambio de información sobre los riesgos o las amenazas a las que están expuestas en su trabajo, e identificar situaciones que ameriten el accionar conjunto de ambas instituciones.
Además, se establecerá un mecanismo de acción conjunta ante agresiones a personas trabajadoras de la comunicación, que podrían afectar la libertad de expresión, solicitar medidas de protección y desarrollar campañas de socialización sobre la defensa y protección de los derechos de los y las periodistas y las personas trabajadoras de la comunicación, en el ejercicio de sus funciones.
La presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, indicó que «el Estado ecuatoriano tiene una gran deuda con el periodismo en el país, toda vez que no se ha creado un sistema de protección para prevenir vulneraciones al derecho humano de la comunicación y que las instituciones públicas involucradas trabajen para garantizar la actividad periodística».
Para cerrar este evento, Zaida Rovira Jurado, Defensora del Pueblo (s), recalcó que es indispensable que las instituciones públicas coordinen acciones para que se garanticen los derechos de las personas que trabajan en el ámbito de la comunicación, así como su integridad personal en el ejercicio de sus actividades. «Con este convenio marcamos un hito para aterrizar y fortalecer los mecanismos que garanticen los derechos de las y los periodistas, es decir, una ruta concreta para que las personas trabajadoras de la comunicación ejerzan su actividad con mayor seguridad y respeto de sus derechos humanos”.