La Defensoría del Pueblo como el órgano de protección y promoción de los derechos humanos en el país tiene el deber de pronunciarse sobre el valor supremo de la justicia, que haga prevalecer los derechos, responsabilidades y bienes de ciudadanos y ciudadanas de la nación.
Consideramos que el caso Luluncoto que ha sido conocido, investigado y está a punto de ser resuelto por los órganos de la Administración de Justicia, se ha convertido en una causa de profunda controversia por las presiones políticas, sociales y mediáticas que generan un contexto que hace complejo un tratamiento objetivo, razonable, proporcional, ético y justo de los hechos que se juzgarán el próximo 21 de enero de 2013.
Por ello, la Defensoría del Pueblo del Ecuador hace un llamado a la Administración de Justicia para que en cumplimiento del principio constitucional de independencia interna y externa que le cobija, proceda con la más profunda imparcialidad y sin demora; base su análisis en los hechos y en las pruebas puestas a su consideración en consonancia con el derecho; sin restricción alguna, alejado de influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas, de cualquier actor dentro del proceso o del contexto social, político o mediático.
El principio de independencia de la judicatura, autoriza y obliga a los Tribunales de Justicia a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, al debido proceso y de forma diligente; así como el respeto del derecho de las partes; a tomar decisiones objetivas, proporcionales, apegadas a la legalidad y legitimidad; y sustentadas en la ética y en la justicia.
Ramiro Rivadeneira Silva
DEFENSOR DEL PUEBLO