La delegación provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo (DPE) presentó una demanda de acción de protección a favor de los derechos de un joven con 69% de discapacidad intelectual, quien es estudiante de la carrera de Turismo de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).
El caso llegó hasta la DPE a través de la madre del estudiante, quien indicó que, debido a la condición motriz e intelectual de su hijo, se solicitó a la dirección de carrera la exoneración de las prácticas preprofesionales, por lo que se les indicó que deberá desarrollar una actividad extracurricular desde casa en compensación de las prácticas.
Sin embargo, al encontrarse matriculado en séptimo semestre, la directora de carrera indicó que los estudiantes que no habían cumplido con las practicas preprofesionales 1 y 2 debían retirarse de lo contrario serían reprobados en esa asignatura. Por lo que, para el nuevo período académico solo pudo matricularse en tres materias de seis que debía cursar, lo que ocasionó que pierda la gratuidad en la educación al ser considerado como estudiante irregular.
Es así como se inicia el trámite defensorial y al no obtener respuestas favorables, sobre la base de una presunción de afectación a los derechos de una persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria (persona con discapacidad), a la seguridad jurídica, a la educación, a la inclusión y equidad, al derecho a la vida digna, a la igualdad y no discriminación y a la permanencia en los estudios, se inició la garantía jurisdiccional, a través de una acción de protección.
El juez de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de Milagro declaró con lugar la acción de protección y dispuso como reparación integral, que se le permita al estudiante matricularse en todas las materias de octavo nivel, que se le permita la entrega de tareas que deberán ser calificadas, realizar los test, exámenes y que se elimine la condición de irregular del estudiante por parte de la entidad pública accionada, es decir, a la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).
Además, el juez dispuso a la UNEMI continuar con la gratuidad de la educación para la persona afectada, el acceso a la página del Sistema de Gestión Académica (SGA) y que se dispongan las medidas necesarias para garantizar la no repetición de estas vulneraciones de derechos constitucionales del estudiante ni de ningún otro en similar condición.
La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento a la sentencia y verifica el cumplimiento integral de la misma, lo que permite la tutela y restitución de los derechos del estudiante afectado.
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