La presencia de grupos armados y el crimen organizado en la frontera es una de las mayores causas para que los derechos de la comunidad Awá estén expuestos a constantes vulneraciones, provocando el desplazamiento, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, accidentes por artefactos explosivos y la contaminación del territorio, entre otros.
Una realidad que desencadena en graves consecuencias humanitarias y constituye una permanente preocupación para las Instituciones de Derechos Humanos de Ecuador y Colombia. De ahí que sus autoridades presentaron la primera Alerta Temprana Binacional.
La iniciativa del Sistema de Alertas y Respuesta Temprana SART se ejecuta en Ecuador desde el 2018 en el marco del Programa “Unión Europea para Frontera Norte Territorio Desarrollo y Paz” con el financiamiento de la Unión Europea, en su primera fase (2018-2020) y una segunda (2020-2023) con el apoyo técnico de GIZ – Ecuador.
Este sistema es una herramienta para que los gobiernos de ambos países respondan con políticas públicas sobre las vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza identificadas. En el caso de Ecuador, es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos su contraparte para atender las necesidades señaladas, intercambiar la información con otras instituciones del Estado y responder de manera rápida, oportuna y articulada con los distintos niveles de gobierno.
El Dr. César Córdova Valverde, defensor del Pueblo de Ecuador, destacó la importancia de la emisión de esta alerta porque “marca el inicio de un trabajo en conjunto entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y las diferentes funciones del Estado, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de nuestros pueblos”.
Al mismo tiempo, el Dr. Córdova se refirió al trabajo que ya se impulsa con otras defensorías del Pueblo de la región para emitir una alerta temprana multinacional sobre la situación de movilidad humana que afecta a miles de personas que, incluso, arriesgan sus vidas al emigrar en condiciones de riesgo, y la necesidad de que los diferentes Estados dimensionen la problemática como un tema multicausal y se respodndan de manera integral.
Por su parte, el Dr. Luis Fajardo, vicedefensor de la Defensoría del Pueblo de Colombia, recalcó que el sistema de alertas es tan útil como el trabajo de las instituciones públicas que participen en este sistema de prevención. “Hoy la Defensoría del Pueblo de Ecuador está iniciando un camino para transformar realidades a través de la investigación, advertencia y trabajo mancomunado con la sociedad, Estado y organismos internacionales”, concluyó.
La Dra. Patricia Salazar, viceministra de derechos humanos del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos del Ecuador recibió este documento y comprometió el esfuerzo institucional para articular acciones que atiendan las distintas vulneraciones a los derechos del pueblo Awá.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador considera que este es un nuevo punto de partida para la protección de los derechos de las personas que habitan en esta zona transfronteriza, y se posibiliten acciones concretas que permitan acceder a una vida digna.