Este 5 de abril de 2023, las Defensorías Del Pueblo de Ecuador y Colombia presentarán, en la ciudad de Quito, la primera Alerta Temprana Binacional con el fin de prevenir las violaciones de derechos y proteger a las personas y comunidades pertenecientes al pueblo Awá que habitan en la zona transfronteriza de ambos países.
La presencia de grupos armados y el crimen organizado en la frontera es una de las mayores causas para que los derechos de la comunidad Awá estén expuestos a constantes vulneraciones, provocando el desplazamiento, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, accidentes por artefactos explosivos y la contaminación del territorio, entre otros. Un realidad que desencadena en graves consecuencias humanitarias y constituye una permanente preocupación para las Instituciones de Derechos Humanos de Ecuador y Colombia.
El pasado 7 de marzo del año en curso, se realizó la primera presentación, en la ciudad de Bogotá, donde participaron las principales autoridades de ambas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y los equipos técnicos que trabajarán de forma directa en la alerta temprana, a fin de proteger los derechos humanos de las personas pertenecientes al pueblo Awá que se encuentra ubicado en ambos países, así como los derechos de la naturaleza.
La iniciativa del Sistema de Alertas y Respuesta Temprana SART se ejecuta en Ecuador desde el 2018 en el marco del Programa “Unión Europea para Frontera Norte Territorio Desarrollo y Paz” con el financiamiento de la Unión Europea, en su primera fase (2018-2020) implementado por el Sistema de Naciones Unidas y en su segunda fase (2020-2023) implementado por la GIZ en Ecuador.
El SART se implementa de manera articulada entre la GIZ, la Defensoría del Pueblo-DPE y el actual Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, con el propósito de crear alertas tempranas sobre las posibles situaciones de conflicto o de vulneración de derechos humanos y de la naturaleza en la frontera norte; contribuir al intercambio de información con otras instituciones del Estado; y, brindar respuestas rápidas, oportunas y articuladas con los distintos niveles de gobierno.
La Defensoría del Pueblo espera que la ejecución de este proyecto sea un factor clave para la protección de derechos en esta zona, erradique la violencia y permita que las y los habitantes accedan a una vida digna y con derechos.