La Defensoría del Pueblo de Ecuador, al amparo de lo determinado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional, interpuso un Amicus Curiae en una acción constitucional impulsada por personas trabajadoras sexuales de la Asociación de hecho “Visión para el Futuro” en contra del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. De esta acción, se derivó una sentencia, de primera instancia, a favor de las trabajadoras sexuales.
Previamente, a inicios de este mes, la Defensoría del Pueblo de Ecuador mantuvo una reunión con la representante de la asociación de hecho “Visión para el futuro” y propietaria del local “El Paraíso”. En este encuentro se manifestó la preocupación de este grupo de personas ante las dificultades que enfrentan en el ejercicio de su trabajo, las condiciones de control, espacio público, infraestructura, seguridad, entre otros factores.
Como parte de la problemática expuesta en la audiencia, se desprende que la Alcaldía de Quito desalojó, en diferentes momentos, a trabajadoras sexuales del sector de la 24 de Mayo, sin un proceso de ordenamiento que responda a sus necesidades y garantice sus derechos.
El aporte jurídico realizado por la Defensoría del Pueblo se circunscribió a introducir en el proceso constitucional estándares de derechos humanos sobre principios de aplicación directa de la Constitución de la República, de políticas públicas, el derecho al trabajo y a una vida digna, con la finalidad de que estos elementos sean determinantes al momento de resolver por el juez.
La Institución Nacional de Derecchos Humanos (INDH) intervino en la audiencia en donde el juez de la Unidad Penal de Quitumbe emitió una sentencia, de primera instancia, que ordena a las autoridades municipales la elaboración de un plan integral de regularización de la actividad de las trabajadoras sexuales.
La INDH de Ecuador ratifica su compromiso con las personas trabajadoras y jubiladas, por lo que realiza el seguimiento al cumplimiento de sentencia constitucional en el presente caso, conforme lo dispuesto por el juez competente.