La iniciativa legal fue trabajada por la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como instancias de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), junto a la asambleísta Sofía Espín.
La propuesta contiene novedosos cambios para mejorar las relaciones entre proveedores, usuarios y consumidores; establece directrices para la promoción, conocimiento y mecanismos para proteger los derechos de las personas usuarias consumidores; y procura la equidad y la seguridad jurídica entre las partes mientras se desarrollan estas relaciones.
En cumplimiento del rol de promoción y protección de los derechos de las personas usuarias y consumidoras, así como el de incidencia normativa y poder legislativo, estas dos instituciones de la FTCS y la asambleísta Sofía Espín, trabajaron durante seis meses en la construcción del cuerpo legal que servirá de insumo para una nueva ley en esta materia.
La asambleísta Sofía Espín, recalcó que este proyecto de ley es el resultado de un trabajo arduo entre los equipo técnicos de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y su despacho. Además, indicó que esta actualización legal permitirá que se enmarque en las condiciones de consumo del siglo XXI, protegiendo a las personas usuarias y consumidoras de forma integral, sin ningún tipo de discriminación y con un enfoque de derechos que proteja especialmente a los grupos más vulnerables.
Por su parte, el Dr. César Córdova Valverde, defensor del Pueblo (e), y presidente de la Función de Transparencia y Control Social, instó a la Asamblea Nacional a aprobar este proyecto de ley porque permitirá a las y los ciudadanos contar con mecanismos eficaces para exigir el respeto a sus derechos y para minimizar el desequilibrio actual entre proveedor y consumidor o usuario.
La prioridad de esta iniciativa legal es que la ciudadanía conozca, se empodere y exija sus derechos; que los proveedores de bienes y servicios brinden información adecuada, veraz, oportuna y que sean de calidad; a su vez, que las personas usuarias y consumidoras tengan la libertad para elegir de acuerdo con sus necesidades.
La propuesta fue presentada en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Consumidor, que se celebra cada 15 de marzo.