La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), condena los hechos de violencia suscitados nuevamente en el Centro de Privación de Libertad Santo Domingo Nro. 1, acaecido el 18 de julio del 2022 y que dio como resultado el fallecimiento de presuntamente 12 personas privadas de libertad, además de personas heridas, situación que hace evidente la falta de control del centro y la atención oportuna de las alertas que el personal del Centro realiza respecto a situaciones de riesgo, lo cual vuelve prevenibles las muertes presentadas.
De manera recurrente la Defensoría del Pueblo ha venido insistiendo en la necesidad de la adopción de medidas urgentes, que impidan que las personas privadas de la libertad reconocidas constitucionalmente como parte de los grupos de atención prioritaria, sean asesinadas dentro de los centros a cargo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, bajo la custodia y control de los aparatos de seguridad del Estado.
El Estado a través de los distintos gobiernos de turno lamentablemente han inobservado la aplicación de los estándares establecidos en los instrumentos internacionales, normativa nacional, sentencias emitidas por la Corte Constitucional e informes generados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinan las condiciones bajo las cuales debe darse la privación de libertad , dejando de lado la intervención con una visión técnica e integral, que no solo considere el enfoque seguritista, a fin de atender los múltiples problemas estructurales que afronta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y con ello, garantizar el real ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad y su dignidad humana.
El Estado más allá de fortalecer la intervención inmediata para realizar la identificación y atención de los familiares de las víctimas asesinadas en los centros, debe dirigir su atención a prevenir la recurrencia de estos lamentables actos, a través de la implementación de la política pública, la asignación de los recursos que posibiliten intervención integral en la realización del diagnóstico para promover una adecuada separación de las personas privadas de libertad y ejecución de los ejes de tratamiento, y otros aspectos que resultan prioritarios.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo expresa sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas e insta a las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan las investigaciones que permitan establecer la responsabilidad sobre estos lamentables actos, pero sobre todo generar acciones dirigidas a garantizar la integridad de las personas privadas de libertad, sus familiares y personal que labora en los centros; así también, se asegure el sostenimiento psicoemocional y reparación a los familiares de las víctimas.
Dr. César Córdova
Defensor del Pueblo de Ecuador (e)
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