Actualmente el mundo vive un apogeo de las tecnologías de información y de comunicación (TICs), especialmente como medios de convivencia y socialización en el marco de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. No obstante, se debe reconocer que esta proliferación de los medios telemáticos trae consigo muchos desafíos como la seguridad tecnológica y la prevención de las violencias en las redes sociales. Además, se han visibilizado delitos cibernéticos como la extorsión, la pornografía infantil, el acoso y violencia digital, entre otros, que atentan contra el derecho a la integridad personal de la población.
Todas las personas dependen de las TICs para poder realizar gran parte de las actividades cotidianas, por lo que la mayoría de la población se encuentra expuesta a la violencia digital, especialmente niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+. De acuerdo con el informe final del Grupo de Trabajo sobre Género de la Comisión de las Naciones Unidas para la Banda Ancha, denominado Combatir la violencia en línea contras las mujeres y las niñas: Una llamada de atención al mundo, el 73% de mujeres y niñas han sufrido algún tipo de violencia en línea.
En este sentido, la violencia digital se ha expandido en todo el mundo y por todas las redes, por lo que, por un lado, los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población en los espacios virtuales y, por otro, la sociedad en general tiene la corresponsabilidad de utilizar las redes y tecnologías de manera adecuada con la finalidad de no afectar la dignidad humana.
Dentro de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el artículo 12, numeral 7 se reconoce a la violencia mediática o cibernética que “comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro”. Consecuentemente, la violencia en este espacio y contexto puede generar discriminación, afectación psicológica, aislamiento social, ansiedad e incluso depresión, afectando, de manera directa, al derecho a una vida libre de violencias, al derecho a la libertad de expresión, derecho a la salud, entre otros.
Asimismo, en el Código Orgánico Integral Penal el numeral 1) del artículo 396 se reconoce como un delito a la violencia digital mencionando que será sancionada la persona que, por cualquier medio, incluyendo cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra mediante un lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de sus atribuciones para la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza, se pronuncia ante la preocupante situación de violencia digital exacerbada en redes sociales y que ha sido visibilizada en los últimos meses con más fuerza y frecuencia, y exhorta a todos los sectores de la sociedad, públicos y privados, a ejercer el derecho a la libertad de expresión en ámbitos digitales y cibernéticos de manera respetuosa en el marco de la dignidad humana, libertad e igualdad de todas las personas. Además, enfatiza en la importancia de que las tecnologías de información y comunicación deben ser utilizadas para acciones que promuevan el bien común y para la construcción de sociedades más democráticas e inclusivas.
Asimismo, alertamos que la violencia digital en redes sociales se ha profundizado en los discursos y contenidos virtuales publicados sobre lo acontecido en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones Nro. 1 en Guayaquil, pues deshumanizan y convierten a las personas en cuerpos que no importan, naturalizando y justificando la violencia. En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador recuerda que el lenguaje construye y visibiliza realidades; si, desde las redes sociales se generan discursos de odio, estos se extrapolan a toda la sociedad mediante prácticas y comportamientos sociales que generan y perpetúan ciclos de violencia y discriminación.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador rechaza enérgicamente el incremento de las conductas y discursos violentos en redes sociales, especialmente hacia defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza al tener graves implicaciones y efectos negativos en el ejercicio de los derechos, por lo que hacemos un llamado urgente a todas las instituciones del Estado que tienen atribuciones para incidir, proteger y garantizar en los derechos humanos de las personas que utilizan las redes sociales con la finalidad de implementar las medidas adecuadas para combatir la violencia digital o cibernética. Además, exhorta a sensibilizar a la población en el manejo responsable de las redes sociales y de los contenidos y discursos publicados.
Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos estaremos vigilantes de los discursos y prácticas violentas y discriminatorias en las diferentes tecnologías de información y comunicación, con la finalidad de alertar sobre cualquier hecho que anule o menoscabe los derechos humanos de todas las personas.
Defensoría del Pueblo de Ecuador
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