Es de conocimiento público el ejercicio de los derechos de resistencia, libertad de expresión y manifestación por parte de moradores y moradoras de La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, ante el conflicto socioambiental por el desarrollo de actividades de empresas mineras, que afectan los derechos de la naturaleza, ambiente sano y consulta ambiental. Ante la solicitud de medidas cautelares que les fueron concedidas el 07 de junio de 2021 por la Unidad Multicompetente del cantón Urcuquí, se determinó que la compañía minera retire su campamento de la vía de acceso a la parroquia.
Por otro lado, el 08 de julio de 2021, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Iñaquito, provincia de Pichincha, aceptó la acción de protección interpuesta por la compañía minera, en contra de la Policía Nacional de Ecuador y el Ministerio de Gobierno, disponiéndoles que en 8 días se garantice el libre tránsito de las personas y, en especial, de esta empresa, sus trabajadores, trabajadoras y maquinaria, observando los principios constitucionales sobre el uso progresivo de la fuerza, y que se apliquen todas las medidas para evitar el bloqueo de la vía de ingreso a la parroquia Buenos Aires. La Policía Nacional apeló la sentencia referida.
Representantes de la población afectada han indicado que continuarán ejerciendo su derecho constitucional a la resistencia en defensa de su vida, de la naturaleza, del ambiente sano, de la no contaminación y del agua.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo manifiesta que en la implementación de las disposiciones de autoridades judiciales o administrativas debe considerase el respeto total y absoluto a los derechos y garantías constitucionales, sobre todo, de las personas y grupos de atención prioritaria que, de conformidad con el artículo 35 de la Norma Suprema, deben recibir un trato preferente, especializado y una protección especial, resaltándose además el principio propersona, propio de un Estado constitucional de derechos y justicia.
En consideración de lo expuesto, EXHORTAMOS a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno, para que en la implementación de la sentencia constitucional no se agrave la conflictividad social, que prime la generación de espacios de diálogo, que se respeten los derechos reconocidos y garantizados en la Constitución de la República e instrumentos internacionales de derechos humanos de las personas integrantes de la comunidad La Merced de Buenos Aires, entre ellos, la integridad personal, la vida, la seguridad jurídica, la resistencia, en especial de las niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y de quienes forman parte de los grupos de atención prioritaria, así como de las y los defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y de las comunidades.
Abg. Zaida Rovira Jurado
Defensora del Pueblo de Ecuador (s)
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