“Buscamos que la Corte Constitucional genere un precedente de jurisprudencia que proteja el río Piatúa y que garantice que no se volverán a repetir hechos que atentan contra los recursos hídricos del país”, afirmó Zaida Rovira Jurado, Defensora del Pueblo (s) en su recorrido por la comunidad del cantón Santa Clara en la provincia de Pastaza, este miércoles 21 de julio de 2021.
El recorrido le permitió escuchar los testimonios de los pobladores sobre la sentencia del 5 de septiembre de 2019, en la que se dejó sin efecto la autorización del uso y aprovechamiento del caudal del río Piatúa a la empresa hidroeléctrica GENEFRAN S.A., así como el retiro de la licencia ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente, que debía entregar los planes de manejo de especies en peligro de la zona e incluir a representantes de la comunidad para observaciones de tipo intercultural.
En el marco de esta visita, Zaida Rovira Jurado mantuvo un encuentro con el Consejo de Gobierno del pueblo ancestral kichwa de Santa Clara, donde señaló: “Ustedes se convirtieron en las y los protectores de esta herencia de la naturaleza. La sentencia sobre este caso es histórica, es un hito que marca la lucha de nuestros pueblos ancestrales”.
Además, conoció de primera mano la importancia cultural que representa esta fuente hídrica para las y los habitantes de esta zona, quienes expusieron a la titular subrogante de la Defensoría del Pueblo, el denominado arte rupestre que las y los pobladores utilizan para difundir conocimientos como la “etnomatemática”, actividad basada en el uso de los petroglifos que permanecen sobre las grandes rocas que existen en la ribera del río.
La evidencia cultural que existe en la zona, daría cuenta de la presencia de culturas prehispánicas, por lo que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha recomendado acciones para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las generaciones indígenas kichwas, con el fin de mantener su memoria histórica, su hábitat y su cosmovisión.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador se mantendrá vigilante del cumplimiento de estas medidas y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante acciones concretas que garanticen los derechos de la población en el cantón Santa Clara y los derechos de la naturaleza.