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Representantes de cuatro comunidades aledañas al relleno sanitario El Inga acudieron hasta la Defensoría del Pueblo para denunciar afectaciones a los derechos humanos y de la naturaleza

martes, 20 julio 2021, 12:18 pm

reunión el inga

La mañana de este lunes 19 de julio de 2021, representantes de las comunas El Inga Bajo, El Belén, Santa Ana, Itulcachi, de la ciudad de Quito, acudieron hasta la Defensoría del Pueblo para expresar su inconformidad ante la contaminación y afectación ambiental, a las personas moradoras y sus familias, debido a los líquidos que circulan entre los residuos (lixiviados) que llegan desde la capital y son arrojados en las piscinas del relleno sanitario El Inga.

Cristhian Páez, abogado de las comunidades de El Inga, manifestó su malestar por el inadecuado manejo de los lixiviados que afectan a, aproximadamente, 10 000 habitantes de la zona. “Estamos frente a la falta de un reglamento que garantice los derechos de las y los ciudadanos que, ni siquiera, han sido convocados para llegar a acuerdos que beneficien a las comunidades aledañas al relleno sanitario”, enfatizó.

Telmo Martínez, representante del barrio El Belén, resaltó la necesidad de una intervención médica inmediata, para los niños, niñas y adolescentes, quienes están más expuestos a contraer enfermedades producto de la grave contaminación que causa el relleno sanitario. Además, indicó que tienen videos y fotografías en las que se observa cómo los residuos arrojados en el río Inga, han provocado graves daños ambientales.

Por su parte, la Defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira Jurado, como autoridad al frente de la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, se comprometió a visitar el lugar, a fin de inspeccionar las afectaciones manifestadas por las y los representantes de las comunas. “Nuestra misión es vigilar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía a vivir en ambientes libres de contaminación”, resaltó la titular subrogante.

La Institución Nacional de Derechos Humanos reitera su compromiso para implementar acciones interinstitucionales que permitan velar por la garantía de los derechos de las y los habitantes ecuatorianos a vivir en espacios libres de contaminación.