La Defensoría del Pueblo de Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, en el marco de sus competencias, exhorta a las autoridades a actuar frente a las alertas recibidas sobre los hechos suscitados en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí en Imbabura, ante el conflicto socioambiental que se desarrolla por las actividades mineras que podrían vulnerar los derechos humanos.
Los problemas sociales y ambientales ocasionados por el desarrollo de la actividad minera ilegal en la zona, conocidos públicamente a fines de 2019, no han sido reparados integralmente por las instituciones estatales encargadas de regular y controlar y, por el contrario, la falta de intervención adecuada ha generado mayor inseguridad e inminentes violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza.
Por otra parte, de acuerdo con la verificación realizada por nuestra institución, la comunidad se encuentra ejerciendo el derecho a la resistencia, contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, tanto por la inacción estatal como por el intento de ingreso inconsulto por parte de la empresa HANRINE al yacimiento IMBA.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha realizado múltiples pronunciamientos, alertas y acercamientos notificados a las instituciones señaladas y ha conminado a que emprendan acciones para resolver el conflicto, sin embargo, genera gran preocupación que la intensidad del mismo ha aumentado, situación que pone en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores que se encuentran acompañando a las y los adultos en el proceso de resistencia.
La Institución Nacional de Derechos Humanos muestra especial preocupación por las denuncias recibidas sobre las amenazas realizadas a miembros de la comunidad por parte de la Fuerza Pública, indicando que: “(…) existe disposición del ingreso de la DINAPEN para retener a las niñas, niños y adolescentes (…)”. Esta situación agrava el conflicto y demuestra la gravedad de una intervención inadecuada por parte de la Fuerza Pública que, siendo la instancia encargada de la seguridad de la ciudadanía, estaría incurriendo en hechos que podrían vulnerar los derechos de las personas, por proteger intereses particulares de la empresa minera.
Por otro lado, recordamos que la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha conminado a las autoridades locales, como la Gobernación de la provincia de Imbabura, el GAD Provincial de Imbabura, el GAD Municipal de Urcuquí y el GAD Parroquial de Buenos Aires, a que procedan, dentro de sus competencias, a emprender acciones y abrir el diálogo, sin embargo, no han existido resultados efectivos, sino que, por el contrario, su actuación ha ocasionado mayor intensidad del conflicto. En este sentido, es importante considerar que la obligación de las autoridades públicas es garantizar un entorno propicio para la defensa de los derechos por parte de la comunidad y abrir canales adecuados para la solución de la situación y, en especial, para el respeto del derecho a la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada.
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo EXHORTA al Estado ecuatoriano como garante de los derechos humanos y de la naturaleza en el presente caso:
A los ministerios de Ambiente y Agua, de Energía y Recursos Naturales No Renovables, al Ministerio de Gobierno, al GAD Provincial de Imbabura, al GAD Municipal de Urcuquí, al GAD Parroquial de Buenos Aires, a establecer una mesa técnica con la comunidad para receptar denuncias, identificar las causas de la problemática y buscar soluciones urgentes y con enfoque de derechos.
A los ministerios de Ambiente y Agua, Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables a que, en respeto y garantía de los derechos humanos de la comunidad y de la naturaleza, se suspenda toda actividad minera en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, hasta que no se reparen, de forma integral, los derechos de la naturaleza, debido a la existencia de pasivos ambientales identificados por las autoridades competentes.
Finalmente, la Institución Nacional de Derechos Humanos, RESPONSABILIZA al Gobierno Nacional en caso de que exista un uso desproporcionado de la fuerza empleado en contra de las y los habitantes de las comunidades que se encuentran en ejercicio de su derecho a la resistencia, por lo que EXIGE se elabore una metodología adecuada de intervención con enfoque de derechos humanos para la solución pronta del conflicto.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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