En el año 2008, las ecuatorianas y ecuatorianos, de forma mayoritaria decidimos construir un país de derechos y profundamente democrático. Una sociedad que respeta la dignidad humana y que le apuesta a nuevas formas de convivencia ciudadana en el marco de la cultura de paz. Consecuentemente, la Constitución de nuestro país, en numerosos artículos reconoce la no violencia y no discriminación como garantía, e incluso desarrolla el derecho a negarse a usar la violencia, como dimensión de la cláusula de objeción de conciencia.
Esta decisión histórica del pueblo ecuatoriano constituye un hito para erradicar todas las formas de violencia y discriminación, mediante el acuerdo necesario para promover el debate, el diálogo de ideas, la pluralidad y la diversidad como elementos de democratización en los ámbitos público y privado, sin recurrir a la afectación de los derechos humanos. Desde luego, en este compromiso nacional también se incluyen los medios de comunicación tradicionales y alternativos, así como las comunidades virtuales que a galope vienen constituyéndose en las nuevas palestras de la participación ciudadana.
En el caso de Internet y las redes sociales, son tecnologías que suponen la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones en un espacio de expresión política democrática y plural alternativo a los medios de comunicación tradicionales, un ágora donde se disuelven las desigualdades de género, étnicas, de clase o geográficas, y el instrumento de las personas y colectivos para el cambio social. Sin embargo, cabe advertir que también pueden convertirse en instrumento de reproducción inmune de discursos violentos, racistas o machistas que nada tienen que ver con la libre expresión, sino más bien que afectan la imagen, la honra, identidad e integridad de personas, y menoscaban su derecho a participar en el debate político o social. De allí la necesidad de una profunda reflexión sobre la empatía, ética y responsabilidad social como normas de convivencia democrática, también en las comunidades virtuales.
Insultos, frases denigrantes, amenazas, ridiculización, descalificación por etnia, género o clase, incitación a la violencia y la discriminación en todas sus formas, e incluso la apología del racismo entre otras acciones soeces e injuriosas, por decir lo menos, no son argumentos ni ideas en un debate e intercambio de opiniones. Realmente inquieta la ligereza en los usos del espacio virtual, pues, las consecuencias de estas prácticas en la salud emocional, en el ejercicio de los derechos políticos y civiles de las personas es notable: naturalización de estereotipos, promoción de la violencia y absurdos como el de poner la etiqueta de libertad de expresión a cualquier insulto visceral.
Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo, invita a la ciudadanía, a los actores y de manera especial a las comunidades virtuales, a reivindicar el uso emancipador de la tecnología en favor de los derechos humanos, devolviéndole su sentido original como un espacio de expresión de intereses políticos, sociales, culturales, de acceso a información veraz, de participación social y de interacción incluyente, en el marco del respeto y la solidaridad. Aprovechemos este espacio como aquella oportunidad para construir dignamente la sociedad del conocimiento sin violencia ni discriminación.