La pandemia de COVID-19 y las repercusiones que esta ha tenido en toda la población ha sido el escenario para que se apliquen decisiones, de forma nunca antes vista, que afectan los derechos de quienes habitamos en Ecuador. A la Defensoría del Pueblo le preocupa, especialmente, la situación de las niñas, niños y adolescentes, a las y los cuales el Estado, en general, y, en especial, el Ministerio de Educación, les debe garantizar el acceso a una educación inicial, básica y bachillerato de calidad, segura y con calidez, mediante la formación integral e inclusiva, que considere los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.
Con fecha 16 de diciembre de 2020, el COE Nacional resolvió autorizar, bajo la figura de plan piloto, las solicitudes presentadas por el Ministerio de Educación para el retorno progresivo a clases presenciales de las y los estudiantes en 204 escuelas fiscales.
Con estos antecedentes, la Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de sus competencias constitucionales de protección de derechos de las y los habitantes de Ecuador, considera un despropósito la decisión anunciada por el ministerio; y, a fin de precautelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y demás miembros de la comunidad educativa, se requiere, públicamente, que la señora Ministra informe al país y a esta institución las acciones que se aplicará para garantizar:
1. La salud y la vida de toda la comunidad educativa frente a la COVID-19.
2. Las condiciones seguras para el retorno a la educación presencial de niñas, niños y adolescentes.
3. La educación virtual, con calidad, en las zonas rurales y urbano marginales dirigida a las niñas, niños y adolescentes donde no hay conexión digital.
4. Los estándares nacionales e internacionales que rigen la educación de calidad y calidez.
5. Las propuestas innovadoras que rompan las tradicionales formas adaptadas a la crisis y a la situación de aislamiento que viven las niñas, niños y adolescentes.
6. La participación de niñas, niños y adolescentes como actores/as fundamentales en el proceso educativo.
7. El efectivo cumplimiento de las reducciones de las pensiones educativas de hasta el veinticinco por ciento a las y los representantes de las o los alumnos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
Finalmente, EXIGIMOS a todas las autoridades públicas del COE y MINEDUC que se dé atención prioritaria al diseño de la normativa y la ejecución de políticas públicas para garantizar la vida de niños, niñas y adolescentes, enmarcadas en su interés superior.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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