La Defensoría del Pueblo de Ecuador rechaza, de manera rotunda, la serie de insultos en contra de periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general, que se encuentran en el perfil de twitter de Jacobo Bucaram Pulley (@jacobobuc10), principalmente, las amenazas recibidas por el caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, quien fue públicamente amenazado, después de publicar, el 6 de agosto pasado, la caricatura titulada “El Huyecaminos” en diario El Universo, en alusión a la orden de prisión ordenada por un juez de Guayaquil después de ser vinculado al proceso en que se investiga una supuesta red de corrupción en la compra venta de insumos médicos para hospitales, por lo que, exige al Estado ecuatoriano se garantice su integridad y seguridad personal y se implementen medidas efectivas de protección para las y los periodistas en el país.
Cabe recordar que el asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, en abril de 2018, evidenció dolorosamente la falta de garantías para el ejercicio periodístico en Ecuador, lo que motivó, un año después, la creación del llamado Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas, cuyo objetivo es establecer acuerdos, protocolos y mecanismos para prevenir y proteger a las y los trabajadores de la comunicación, sin embargo, hasta la fecha, no se lo ha hecho.
La Constitución de la República establece, en su artículo 18, que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.
De la misma forma, el artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Además, el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley.
La Defensoría del Pueblo recuerda que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como, el abuso de controles, hostigamiento, amenazas o criminalización provenientes de instituciones o funcionarios/as públicos/as o personas privadas.
En este sentido, el Estado está en la obligación de generar mecanismos efectivos para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones, en especial, promoviendo el respeto al trabajo de las y los periodistas a través de un discurso de respeto y tolerancia para evitar la discriminación.
Se recuerda además que las redes sociales, al igual que quienes comunican a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos, son canales y espacios que deben ser manejados con gran responsabilidad, por lo que, un comentario sin sustento puede implicar una violación de derechos de terceros/as, un atentado a la dignidad de las personas, o incluso, el cometimiento de un delito.
Con estos antecedentes, la Defensoría del Pueblo EXHORTA a la Fiscalía General del Estado a investigar, de manera oportuna y célere, todos los actos ejercidos en contra de las y los periodistas en el ejercicio de su labor, por cualquier medio, con especial preocupación, sobre las amenazas recibidas por Bonil, y que se tomen las medidas oportunas para garantizar su seguridad e integridad personal.
Al Gobierno nacional y al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación, para que reactiven la conformación del llamado “Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas” y se implementen los mecanismos adecuados que permitan prevenir y proteger a las y los trabajadores de la comunicación.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo se compromete a continuar impulsando el respeto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través del cumplimiento de sus competencias constitucionales.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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