La Defensoría del Pueblo de Ecuador, sin que existan contagios confirmados, ha decidido, en ejercicio de su autonomía institucional, regresar a todas y todos los servidores de la institución que laboran en las oficinas de la ciudad de Quito, a la modalidad de teletrabajo al 100%, a partir del martes 14 de julio de 2020, con el objetivo de precautelar su derecho a la vida y a la integridad, en virtud de que ha constatado, en los últimos días, el colapso del sistema de salud, tanto público como privado.
Además, ha recibido información directa por parte de servidores y servidoras de la salud, quienes expresan su preocupación por la inacción de las autoridades nacionales y locales en la aplicación de medidas oportunas que protejan el derecho a la salud y a la vida de las y los habitantes de la capital.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo EXIGE:
– Que el COE cantonal y el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, de manera urgente, EXHORTEN al COE nacional para que se retorne al SEMÁFORO ROJO en la capital hasta que se fortalezca el sistema de salud público y privado.
– Que el Ministerio de Salud asuma, responsablemente, la situación actual de la ciudad y, considerando la declaratoria de estado de emergencia y estado de excepción, destine todos los recursos necesarios para ampliar la oferta de hospitalización en las zonas que, a escala nacional, se consideran como preocupantes, en especial, en la ciudad de Quito. Asimismo, que implemente un plan urgente de detección rápida a través de la toma de pruebas confiables y se trasparente la información resultante de la pandemia.
Es de extrema preocupación que, en las últimas semanas, continúan creciendo aceleradamente los contagios de COVID-19 en todo el país, en un 54%, siendo Pichincha y Quito el centro de la pandemia; de igual manera, sobre el incremento del número de personas fallecidas y la tasa de mortalidad, con el agravante del alto subregistro debido a las pocas pruebas que se realizan.
De acuerdo al último informe emitido por el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, existiría un total de 68.459 personas confirmadas positivas de COVID-19, de las cuales, 10.681 se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito, es decir, cerca del 18% de los contagios se concentran en la capital, donde, en los primeros 10 días de julio, las confirmaciones de los mismos aumentaron en un 33%.
En la misma línea, preocupan las declaraciones incongruentes del Ministro de Salud, quien, el 2 de abril de 2020, aceptó que existen subregistros en los datos de contagios y advirtió que, en 120 días, cerca del 60% de la población, se contagiaría de COVID-19. Al 13 de julio de 2020, el mismo funcionario aceptó que en la ciudad de Quito no existen Unidades de Cuidados Intensivos – UCI disponibles en el sistema de salud de la ciudad, pero minimizó esta realidad. Como Defensoría del Pueblo creemos que esta actitud pone en riesgo claramente los derechos a la vida y a la salud de las y los habitantes capitalinos.
Para la Defensoría del Pueblo, claramente, existe una responsabilidad compartida en la crisis sanitaria que vive Quito, por acción y omisión del Ministro de Salud, el COE cantonal y la alcaldía, situación que debe ser asumida con un enfoque de derechos humanos y, además, reconociendo capacidades y limitaciones.
La Defensoría del Pueblo informa que sus canales virtuales de atención, a través del portal de servicios en línea ( https://portal.dpe.gob.ec/ ), continúan habilitados para la recepción de solicitudes y denuncias de la ciudadanía, así como sus canales oficiales informativos en redes sociales y página web institucional. La institución evaluará, semanalmente, la situación sobre la crisis sanitaria a fin de tomar decisiones adecuadas y oportunas en relación a mantener la modalidad de teletrabajo de sus servidoras y servidores o regresar al trabajo presencial.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
Descargue el pronunciamiento a continuación