Este 11 de junio de 2020, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, en su calidad de Vicepresidente Segundo por la Región Andina de la Federación Iberoamericana del Ombudsman FIO, mantuvo una reunión de trabajo junto a las y los miembros del Consejo Rector de la Federación, con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde se abordaron los retos y desafíos en torno a la situación de los derechos humanos en el marco de la pandemia de la Covid-19 en los países de la región e Iberoamérica.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas en su intervención destacó la importancia de la labor de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las regiones durante la pandemia, que se ha enmarcado en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria, cumpliendo un rol crucial y fundamental para garantizar los derechos humanos que han sido vulnerados en esta crisis humanitaria.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Ecuador dio a conocer las preocupaciones de la región latinoamericana en torno a los problemas de desigualdad y afectación de los derechos humanos, en especial, los relacionados al acceso a la salud, educación, trabajo, entre otros. En este sentido, la máxima autoridad manifestó que “los gobiernos en esta pandemia tienen una deuda económica, moral y social con sus ciudadanos y ciudadanas, dado que las medidas económicas que se están implementando afectan de forma directa los derechos económicos, sociales y culturales de nuestras poblaciones”, destacó.
Por otra parte, se refirió a que la falta de empleo y acceso a la educación, así como las restricciones a derechos fundamentales como la salud, el trabajo y a una vida digna, son aspectos que se deben considerar para trabajar en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de salud que permitan a los países de la región prevenir, atender y convivir con esta compleja pandemia que restringe los proyectos de vida de todos y todas.
Finalmente, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Dr. Freddy Carrión Intriago, reflexionó sobre el papel que cumplen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos al limitarse el trabajo de parte de los gobiernos que afectan, sin duda, la garantía de los derechos de las y los ciudadanos. “Nuestra función se encamina a la defensa de los derechos de nuestros pueblo. Nuestra labor y responsabilidad es garantizar un sistema democrático y de derecho basado en la protección de los derechos humanos”, concluyó.