La Defensoría del Pueblo de Ecuador, consciente de la necesidad de que en esta emergencia nacional se garantice el derecho a la educación como un deber ineludible e inexcusable del Estado, exhorta al Gobierno Nacional y a las entidades rectoras de la educación en todas sus etapas, incluyendo la educación superior, a aplicar medidas planificadas y oportunas que garanticen los derechos de las y los estudiantes.
A partir del monitoreo de vulneraciones de derechos humanos que gestiona la institución, se han reportado alertas en 21 de las 24 provincias del país sobre denuncias relacionadas al ámbito educativo, que involucran aspectos que van desde la inaccesibilidad a medios tecnológicos o de comunicación, hasta la imposibilidad de pagos de las pensiones o de los créditos educativos.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo considera:
– Que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación emitan disposiciones vinculantes a las entidades educativas fiscomisionales y particulares con el fin de reducir, proporcionalmente, el costo de las pensiones en función de la modalidad virtual, que se establezca la obligación de prorratear los pagos de pensiones y matrículas en los casos justificados y que se garantice la estabilidad y remuneración al personal docente y administrativo del sistema educativo.
– Se considera oportuna la decisión de postergar hasta el 1 de junio el inicio de clases en la región Costa y Galápagos, dada la emergencia sanitaria. Por ello, es importante que se perfeccionen los mecanismos digitales y el alcance de los mismos tanto para zonas urbanas como rurales, y, sobre todo, que se garantice la cobertura tecnológica que permita garantizar el adecuado funcionamiento de la educación virtual.
– Es importante la conformación de una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado, padres y madres, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de encontrar alternativas participativas de solución a los problemas económicos y educativos que se han presentado con motivo de la emergencia sanitaria.
Las autoridades del sector educativo deberán monitorear y evaluar los sistemas implementados, garantizando que la educación no sea un privilegio de un estrato social, sino que, desde lo público, se cumpla el mandato constitucional que determina a este derecho como prioritario de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social.
Revise el pronunciamiento completo
Descargue el pronunciamiento a continuación