La Organización Mundial de la Salud declaró a la violencia de género como una “pandemia”, ya que es la primera causa de muerte en la región de mujeres y niñas entre 14 y 44 años, siendo el espacio privado uno de los lugares más inseguros para ellas. Se advierte que vivimos en un contexto hostil y de naturalización de la violencia contra las mujeres, lo cual se evidencia con las cifras sobre violencia de género que nos revela la Segunda Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por el INEC a finales del año pasado, en la que 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, así como las 8196 llamadas relacionadas a casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, constatadas por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 en marzo de 2020.
Ante ello, la Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María-Noel Vaeza, señala que: «Esto nos debe llevar a invertir más en prevención y en sistemas de alerta temprana a través de las organizaciones de base de mujeres, utilizando la policía. Este es un tema de salud pública que puede llevar a un número mayor de feminicidios y de violencia contra la mujer”.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, recuerda al Estado ecuatoriano que, con fecha 18 de marzo de 2020, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) solicitó a los Estados la incorporación de la perspectiva de género en las medidas que se apliquen para la mitigación del COVID–19, indicando que deben reforzarse las acciones para la prevención y atención de la violencia de género.
Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, ha exhortado a que todos los países incluyan el impacto de género de la pandemia en sus planes de respuesta al COVID-19, lo cual implicaría, al menos, lo siguiente:
– Aumentar las inversiones en los servicios en línea y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.
– Garantizar que los sistemas judiciales sigan enjuiciando a los maltratadores.
– Crear sistemas de alerta de emergencia en farmacias y supermercados.
– Declarar los centros de acogida como servicios esenciales.
– Encontrar formas seguras para que las mujeres busquen apoyo, sin poner sobre aviso a sus maltratadores.
– Evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia contra la mujer.
– Ampliar campañas de concienciación pública, en particular, las dirigidas a hombres y niños.
La Defensoría del Pueblo recuerda que 748 mujeres han sido asesinadas por la violencia femicida en Ecuador, desde enero de 2014 hasta febrero de 2020 (17 femicidios de enero al 2 de marzo de 2020) y que, según los estudios y experiencias en otros países, la situación de confinamiento incrementará la violencia hacia mujeres y niñas.
En virtud de lo mencionado, exhortamos al Estado ecuatoriano a fortalecer las medidas de protección integral, así como las acciones urgentes determinadas en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Al respecto se plantean las siguientes recomendaciones que debería adoptar el Gobierno Nacional para asistir adecuadamente a las víctimas de violencia, sobre todo, en las actuales circunstancias de confinamiento y aislamiento social:
– Adoptar políticas de prevención, atención y protección, con perspectiva de género e interseccionalidad, para afrontar los desafíos que implica el confinamiento por la pandemia del COVID-19, que no acentúen los nudos estructurales de la desigualdad de género.
– Fortalecer los mecanismos de alerta temprana, así como la adopción de otros medios o formas de denuncia, considerando el contexto actual y las limitaciones que atraviesan las víctimas, a fin de dar respuesta a la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
– Crear un protocolo de atención efectiva para mujeres víctimas de violencia a aplicarse dentro de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, ya que el existente recoge mecanismos tradicionales de atención a la violencia de género.
– Adoptar canales alternativos y específicos de comunicación con un enfoque de género e interseccional, para prevenir y combatir la violencia de género, en el contexto de la emergencia sanitaria.
– Fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y su personal sobre violencia de género, en el marco de la emergencia sanitaria, y que esto no sea una causa de disminución de la atención a la crisis.
– Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para la implementación de medidas de protección, en el marco de la emergencia sanitaria.
– Garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva durante la emergencia sanitaria, a través de medios accesibles de información.
– Fortalecer los centros de atención y casas de acogida para mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de violencia de género.
Dichas medidas se deben enfocar en los servicios que cada institución ofrece, adaptándose al contexto de la emergencia sanitaria, pues, al momento, las mismas no responden bajo el procedimiento habitual, especialmente, porque las mujeres se encuentran aisladas con su agresor y limitadas en su capacidad para pedir ayuda.
Para combatir de manera conjunta esta “pandemia” alentamos a los colectivos y organizaciones de mujeres y feministas, así como a la ciudadanía en general, a reportar casos de violencia de género a la Dirección Nacional del Mecanismo para la Prevención de Violencia contra las Mujeres y basada en Género de la Defensoría del Pueblo, a los correos electrónicos de Paola Mera ( pmera@dpe.gob.ec ) y Daniela Oña ( dona@dpe.gob.ec ).
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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