La Defensoría del Pueblo de Ecuador rechaza de manera contundente la actuación del Municipio de Guayaquil al imposibilitar el aterrizaje en el aereopuerto de la ciudad de un avión Iberia (vuelo IBE6453) procedente de Europa, sin pasajeros/as y con once tripulantes.
De la información confirmada por la Defensoría del Pueblo, la aeronave llegó al país con el objetivo de transportar más de 200 pasajeros europeos/as a su lugar de origen, considerándose un vuelo de emergencia que garantizaría el derecho a la unificación familiar en situaciones de crisis. Asimismo, se ha verificado que los funcionarios/as del Municipio de Guayaquil fueron los que impidieron el aterrizaje, en un acto de riesgo de la integridad de la tripulación y de las y los ocupantes de los vehículos que invadieron la pista de aterrizaje, por una supuesta orden de la alcaldesa de la urbe.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, consideramos que esta acción contraviene los derechos reconocidos en la Constitución de la República, en especial, los derechos concernientes a la familia de las y los pasajeros que esperaban un vuelo de retorno a casa, así como los derechos a la integridad personal, a la salud y a la vida de la tripulación y de las y los funcionarios que impidieron el aterrizaje.
En este sentido, exhortamos a las autoridades competentes, en especial a la Fiscalía General del Estado, a que inicien las investigaciones pertinentes, tomando en cuenta que, de conformidad con la legislación penal ecuatoriana, la autoría de una infracción penal puede ser directa o mediata, por lo tanto, es indispensable determinar la materialidad y responsabilidad en los hechos expuestos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo anuncia que estará vigilante del cumplimiento de las obligaciones en torno a la investigación, sanción y reparación frente a este repudiable accionar y realizará formalmente la vigilancia del debido proceso de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales.
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