Esta mañana, Loja fue la ciudad que acogió al titular de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dr. Freddy Carrión Intriago, en este espacio de relacionamiento directo entre la institución y la ciudadanía.
El diálogo ciudadano en la Centinela del Sur inició con Marlene Moreno, familiar de una persona con enfermedad catastrófica, quien destacó el acompañamiento brindado por la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loja. «Mi esposo sufrió una enfermedad catastrófica, los médicos me decían que no se iba a salvar. Llegué a la Defensoría del Pueblo, me ayudaron y ganamos una acción de protección en segunda instancia. Les agradezco porque este es el primer mes en el que mi esposo obtiene sus medicamentos”, puntualizó.
Siguió en la palabra María de las Nieves, representante de las personas adultas mayores y jubiladas de Loja, quien denunció que no se respetan los derechos de este colectivo en la provincia, ya que ningún GAD toma en cuenta la Ley del Adulto Mayor reformada, por eso las instituciones públicas y privadas irrespetan sus derechos. «Nosotros/as luchamos contra los estamentos públicos y solo nos queda solicitar a la Defensoría del Pueblo una demanda por incumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores, y que se capacite a las y los funcionarios sobre la normativa que nos ampara para que la conozcan y la apliquen como corresponde».
El Dr. Freddy Carrión Intriago, ante la exposición de la representante de las personas adultas mayores y jubiladas lojanas, resaltó que «exigiremos que sus derechos sean cumplidos, porque representan un sector importante de esta sociedad y es deber del Estado garantizarles el acceso a los derechos que, por ley, les corresponden».
El presidente de la Asociación de fotocopiadoras y emprendedores con discapacidad en Loja, Juan Angamarca -quien tiene discapacidad visual- expuso el caso de la venta de tarjetas del sistema municipal de estacionamiento rotativo (SIMERT), en el cual no hay control en su venta y esto perjudica a las personas con discapacidad, ya que también las comercializan al mismo valor que las personas que no sufren discapacidad, es decir, no existe una excepción por su condición de vida.
Al cierre de los “diálogos ciudadanos” en Loja, Jenny Leyva, representante de las personas afectadas por el cierre de cooperativas de ahorro y crédito en la provincia, exaltó que son 81 mil personas directamente perjudicadas, ya que «vivimos una historia de terror porque nos arrebataron nuestros ahorros. Por ello, solicitamos a la Defensoría del Pueblo para que sea un ente mediador y establezca un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional y las entidades competentes para que nos ayuden frente a este caso, en el cual más del 70% de perjudicados y perjudicadas son personas adultas mayores».