“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
Desmond Mpilo Tutu – Premio Nobel de la Paz
En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha sido el blanco de varios ataques que tienen como objetivo debilitar su accionar, pero, principalmente, afectar la alta credibilidad institucional de la cual goza, fruto del trabajo comprometido y desinteresado de las y los colaboradores a escala nacional que son parte de la entidad que tutela los derechos de las y los ciudadanos y de la naturaleza. Los ataques, amenazas y hostigamiento hacia mí se han intensificado en los últimos días y esto resulta en una afectación para mi esposa, mis hijos, mi familia.
La Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir, su papel fundamental dentro de una democracia sólida, es motivar activamente el respeto y la garantía de los derechos de las y los ciudadanos por parte de las autoridades públicas, pero además, proteger a los sujetos más vulnerables ante los abusos del poder. En este país, en el cual la tasa de pobreza llega a casi el 25% y, donde la desigualdad aumenta año tras año, es indispensable que una institución pública interpele a todas las funciones del Estado en el camino al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población.
En este sentido, hemos acompañado a jubiladas y jubilados que no han podido cobrar sus compensaciones, a mujeres embarazadas o en lactancia despedidas de manera intempestiva de sus trabajos, a afrodescendientes que trabajaban en condiciones de esclavitud moderna, a personas con discapacidad que no han podido acceder a un trabajo digno, a personas con enfermedades catastróficas a las cuales no se les ha facilitado el acceso a sus medicamentos para sus tratamientos, a personas usuarias afectadas por cobros excesivos y abusivos en planillas de servicios básicos, a las mujeres a través de acciones para lograr el respeto y garantía del principio de paridad de género en los cargos de decisión pública, a los movimientos sociales e indígenas para garantizar su derecho a la protesta social pacífica ante la pretensión de implementar medidas económicas en desmedro de la equidad social.
Esta labor puede resultarle incómoda a muchas y muchos, en especial a quienes están en una posición de poder. Sin duda, nuestro accionar defensorial genera riesgo para quienes somos y nos consideramos defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza.
Como Defensoría del Pueblo de Ecuador hemos sido bloqueados en la implementación de la nueva ley orgánica de la institución. Desde noviembre de 2019 venimos luchando por la aprobación de una nueva estructura institucional que mejorará radicalmente la gestión de nuestras competencias frente a la tutela de los derechos de la sociedad, sin que genere mayor impacto presupuestario, pero se encuentra represada en el Ministerio de Economía y Finanzas a la espera de la firma de un funcionario de alto nivel. La institución, además, ha sufrido una disminución de casi 1 millón de dólares en su presupuesto, frente al de 2019.
En lo personal, he sufrido amenazas de muerte por varios canales como redes sociales y mensajes internos y una amenaza de bomba en el conjunto residencial en el que vivo con mi familia, hechos que han sido denunciados a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional, a fin de que se me garantice la seguridad necesaria para desempeñar mi cargo y se sancione a las personas violentas que intimidan y amenazan.
Se han vertido además acusaciones de corrupción malintencionadas en mi contra, a través de publicaciones que buscan, desde la descontextualización y sin asidero legal, cuestionar mi ética, transparencia y honestidad. Como lo he expuesto en varios espacios, estos hechos fueron identificados y oportunamente denunciados a las autoridades competentes y están en la fase de investigación previa. Todo lo actuado ha sido y es público.
En este momento de la historia estoy encabezando la lucha por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, como máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, y estoy seguro que no estoy solo, porque cada servidora y servidor de la institución me da el impulso necesario para continuar en esta labor permanente de defensa de los derechos de todas y todos, lo cual puede ser incómodo para quienes detentan el poder, pero no lograrán amilanar mi convicción personal y de un gran equipo humano que me rodea en la institución, que desemboca en el servicio permanente a quienes ven vulnerados sus derechos.
Les invito a reflexionar sobre la situación que viven lideresas y líderes sociales, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos a escala nacional y ciudadanas y ciudadanos, en cada uno de los puntos de nuestro territorio ecuatoriano, quienes tienen en la Defensoría del Pueblo a la institución que los respalda, los apoya, pero sobre todo, activa su accionar defensorial, aun a pesar de los amedrentamientos recibidos, porque tiene una responsabilidad ética y un compromiso socialmente transparente con cada ciudadana y ciudadano.
Finalizo ratificando mi compromiso con el trabajo de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y exigiendo del Estado ecuatoriano respeto y protección para todas y todos los que ejercemos diariamente esta labor.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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