118 estudiantes que han cumplido su malla curricular desde el 2018 en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil, ya están dentro del proceso de emisión de títulos y serán notificados/as en los próximos días para completar su graduación como abogados/as de la República, mientras que 155 estudiantes más están en proceso de verificación y comprobación por parte de la facultad. Las y los estudiantes presentaron este caso al Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, en su visita a Guayaquil, en el marco de los “Diálogos ciudadanos por la defensa de los derechos”.
Las y los estudiantes manifestaron al Defensor del Pueblo que los incumplimientos de la universidad fueron la falta de registro de notas, la ausencia física de actas firmadas que se perdieron o sustrajeron en la mencionada facultad, los certificados de prácticas preprofesionales y los documentos de vinculación con la comunidad, lo cual impidió que sustenten su récord académico.
Luego de escuchar los planteamientos de las y los estudiantes, el Dr. Freddy Carrión Intriago, se comprometió a analizar el caso y buscar una solución inmediata, puesto que se estaba violentando el derecho a la educación y, en este contexto, dispuso a sus servidores/as abrir un expediente de investigación defensorial y realizar la vigilancia al proceso a cargo de la Comisión Interventora de la universidad, para solucionar el reclamo planteado.
En ese sentido, la Coordinación General Defensorial Zonal 8 de Guayaquil inició la investigación requiriendo a la universidad información a partir de las quejas de más de 200 estudiantes. A través de la gestión defensorial, bajo un enfoque de transparencia y control social, se exigió a esta institución de educación superior que corrija de oficio todas las fallas encontradas, a fin de no violentar los derechos constitucionales de las y los estudiantes, a lo cual la universidad ha dado una respuesta que no se había proporcionado con la queja directa de las y los alumnos, sino al evidenciar la activación de la Defensoría del Pueblo ante la vulneración de derechos cometida.
La Institución Nacional de Derechos Humanos seguirá actuando en el marco de sus competencias de tutela de los derechos humanos y de la naturaleza, a fin de que en este caso, como en todos aquellos que se han venido planteando durante los diálogos ciudadanos y se seguirán realizando a escala nacional, se obtenga la reparación integral de derechos de quienes se han visto afectados/as.