“El derecho a la seguridad social es un derecho humano que, independientemente de la fuente de financiamiento, que es el/la empleador/a, el/a trabajador/a y el Estado como tal, es fundamental que no sea limitado, ni mucho menos restringido”, manifestó el Defensor del Pueblo de Ecuador, Dr. Freddy Carrión Intriago, en su comparecencia a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Ley Seguridad Social de la Policía Nacional.
En sus observaciones, Carrión señaló que la reforma es fundamental para garantizar que cualquier persona jubilada que se reintegre al sector público bajo relación de dependencia, no se le descuente el 40% de su pensión jubilar, lo que actualmente está sucediendo y afecta sobre todo a militares y policías retirados/as, de 50 o 55 años de edad, en plena edad productiva.
El Defensor del Pueblo sustentó su pedido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sobre todo, la Observación General OG19 que, expresamente, garantiza los derechos de las personas a la seguridad social y al seguro mismo que permite cubrir la incapacidad, vejez o, inclusive, jubilaciones anticipadas.