Con el objetivo de implementar una estrategia para el fortalecimiento de mecanismos relacionados con el cumplimiento de la transparencia activa y pasiva, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, firmó el acta de compromiso como la institución pública responsable de la línea de acción del Plan de Gobierno Abierto en torno al desarrollo de capacidades para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, en conjunto con la Corporación Participación Ciudadana, como contraparte de la ciudadanía. La Secretaría General de la Presidencia de la República y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, serán los puntos de contacto del Estado y la sociedad civil, respectivamente, ante la Alianza para el Gobierno Abierto.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la primera entidad en sumarse al Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2021, iniciativa que involucra a varios actores de la sociedad y busca garantizar que los gobiernos promuevan la transparencia, la lucha contra la corrupción, la participación, la gobernanza, el libre acceso a la información pública y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
«La Institución Nacional de Derechos Humanos pretende generar mayores niveles de confianza en la ciudadanía para que se respete el ejercicio de la transparencia y acceso a la información pública. No podemos estar al margen de la lucha contra la corrupción, por lo que actuaremos en el marco de la iniciativa de Gobierno Abierto para ser garantes del cumplimiento de la transparencia a través de una estrategia integral que permita el acceso más eficiente a la información pública», ratificó el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago.
Por su parte, Óscar Uquillas, subsecretario de la Administración Pública de la Secretaría General de la Presidencia de la República, afirmó que desde que inició la presente administración, la Defensoría del Pueblo se ha sumado activamente a la iniciativa de Gobierno Abierto. «Siempre hemos contado con el apoyo de la Defensoría del Pueblo para consolidar la transparencia y el derecho al acceso a la información pública», indicó.
La Defensoría del Pueblo desarrollará este proceso en cuatro hitos. En primer lugar, realizará un diagnóstico sobre la aplicabilidad y cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Posteriormente, construirá la estrategia con la participación de diversos actores, la cual será implementada en el marco del fortalecimiento de mecanismos relacionados con el cumplimiento de la transparencia activa y pasiva. Finalmente, la Institución Nacional de Derechos Humanos realizará una evaluación participativa de los avances.
«Crear e implementar una estrategia que permita el acceso más eficiente a la información pública será el marco para que la Defensoría del Pueblo trabaje conjuntamente con la participación de la ciudadanía y los actores obligados de velar por el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip)», enfatizó el Defensor del Pueblo.
Para el cumplimiento de este compromiso, además de la Defensoría del Pueblo, se incorporarán otras entidades públicas, así como de la sociedad civil y la academia como la propia Corporación Participación Ciudadana, el Centro de Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo”, SENDAS, Datalat y el Grupo FARO.