Después de cuatro meses de trabajo conjunto con investigaciones y acciones defensoriales, entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y la sociedad civil carchense organizada, la Corte Provincial de Carchi ratificó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo, a favor de 13.587 ciudadanos/as y colectivos de transporte de la provincia y del país, afectados/as por la instalación de los fotorradares en el cantón Huaca.
La Corte negó la apelación de las empresas MOVIDELNOR E.P. y TRAFFICNOR C.E.M y ordenó la devolución, en efectivo, de más de 3 millones de dólares hasta el 30 de noviembre del presente año a las personas y colectivos afectados. Las empresas deben realizar un cronograma de devoluciones que debe ser publicado en un medio de circulación nacional, en un plazo de 15 días a partir de la emisión de la sentencia.
La resolución determinó que la colocación de los dispositivos de control de velocidad no tuvo el respectivo sustento bajo los criterios técnicos del Ministerio de Obras Públicas y, por lo tanto, no se elaboró un informe adecuado de viabilidad y siniestralidad. Además, se detectó que la decisión para la instalación no contó con la autorización del Consejo Municipal y, especialmente, no existió la participación activa e informada de los transportistas y ciudadanía ni el cumplimiento del debido proceso.
En junio del presente año, en cumplimiento de las medidas de reparación, se retiraron los fotorradares y se eliminaron las multas en el sistema, sin embargo, no se ha implementado la disposición de aplicar dispositivos alternativos para disminuir el índice de siniestros.
La Defensoría del Pueblo respalda la decisión de la Corte Provincial de Carchi, ya que ratifica el accionar defensorial, que restablece los derechos de los colectivos y ciudadanos/as afectados/as. Asimismo, realizará un seguimiento de la ejecución de los pagos.