La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el acuerdo firmado, el pasado 15 de agosto de 2019, por Furukawa plantaciones con el señor Walter Dionicio Sánchez Ramos, representante de uno de los grupos de los/as extrabajadores/as de la empresa, mediante el cual se entrega en comodato o préstamo de uso por tres años y seis meses, las tierras de propiedad de Furukawa.
Con este acuerdo, entre actores privados, se pretende excluir a muchas víctimas del proceso de esclavitud moderna por parte de Furukawa. Por ello, la Defensoría del Pueblo expresa su malestar, ya que en función de sus competencias institucionales de defensa de los derechos humanos, es fundamental que se genere una reparación integral desde la empresa a las personas afectadas.
Como es de conocimiento público, el 18 de febrero de 2019, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un primer informe de verificación sobre la situación de los/as extrabajadores/as de Furukawa, en el cual se estableció la vulneración de derechos de las personas que habitaban las haciendas de propiedad de la empresa, bajo un contexto de explotación y como resultado de omisiones históricas de control de las entidades del Estado.
En este informe se recomendó a varias instituciones públicas la implementación de acciones tendientes a la reparación integral de las víctimas, de acuerdo al nivel de responsabilidad, es decir, lo que la empresa debe a sus extrabajadores/as por violación de derechos laborales, y lo que el Estado debe ejercer por la vulneración de derechos humanos. El 5 de abril se emitió el informe de seguimiento de los exhortos realizados, sobre el cual se concluyó que no han existido acciones adecuadas para cumplir las necesidades de los/as afectados/as.
La Defensoría del Pueblo considera urgente la implementación de medidas como: la expropiación de tierras para ser entregadas a las víctimas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 literal g de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; la respectiva disculpa pública por parte de las más altas autoridades del Estado para remediar la omisión y desatención ocasionada por más de 50 años; y, el otorgamiento de beneficios socioeconómicos para que los/as afectados/as continúen su proyecto de vida.
En este sentido, creemos que la firma de acuerdos privados como el suscrito el 15 de agosto de 2019, a través del cual se reconocería como un acto de remediación de las víctimas, lo único que este representa es un fraccionamiento interno del tejido social, cuyo resultado propende a que la colectividad olvide los hechos funestos provocados por Furukawa, y entorpece el proceso de restitución que debe encabezar el Estado.
Cualquier medida adoptada debería contemplar a la totalidad de los extrabajadores/as y sus familias, pues es obligación del Estado ecuatoriano velar por los derechos de los/as afectados/as. Es preciso comprender que la empresa tendrá como objetivo generar a su favor un proceso de negociación a través del fraccionamiento de las víctimas, lo cual ha creado una serie de distorsiones que afligen directamente a las personas afectadas; producto de ello, se evidencia en la renuncia de acciones civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole.
Una de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo es generar acuerdos que permitan desarrollar programas integrales de vivienda, así como planes de acceso a educación y salud, para que los/as trabajadores/as y sus familias se inserten en la sociedad, pues no conocen otra forma de vida que aquella ocasionada por el proceso de esclavitud moderna que han sufrido durante décadas en las plantaciones.
Finalmente, exigimos que, de manera inmediata, se inicien los actos tendientes a mejorar la situación actual de vida y trabajo de los/as afectados/as, promoviendo la garantía de sus derechos, en especial en torno al acceso a una vivienda digna, así como a la salud, educación y una vida libre de violencia. Exhortamos a la Fiscalía General del Estado a asumir la investigación penal iniciada, de manera seria y con una perspectiva de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo continúa el seguimiento activo al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes previos de verificación emitidos y anuncia que, en los próximos días, se presentará el informe final con las conclusiones pertinentes que pretenden precautelar los derechos de las víctimas y sus familias.