“Vivimos un avance histórico de los derechos humanos con la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el matrimonio civil igualitario en el país, porque se reivindican las oportunidades de grupos vulnerables que han sido discriminados en su lucha permanente por la igualdad, la protección legal y la libre decisión”, subrayó el titular de la Defensoría del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago.
Este miércoles 12 de junio, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador (CC) aprobó con 5 votos a favor y 4 en contra, el matrimonio civil igualitario, una vez que se reanudó el tratamiento de los casos de las parejas Xavier Benalcázar-Efraín Soria/Rubén Salazar-Carlos Verdesoto.
La resolución de la Corte Constitucional nace de la resolución de 2 consultas en relación a la factibilidad de la aplicación en Ecuador de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que establece derechos más favorables para la población Lgbti (Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo), sin que medie una reforma constitucional.
En estas causas la Defensoría del Pueblo del Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, presentó su posición a través de Amicus Curiae, estableciendo la necesidad del reconocimiento del matrimonio civil igualitario como una medida para evitar la discriminación y lograr que las normas jurídicas en el país cumplan su objetivo fundamental, respetar y garantizar los derechos, en el marco de los principios pro persona.
Las organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de la comunidad Lgbti, también emitieron su criterio respecto de la decisión final de la Corte Constitucional y enfatizaron que el Ecuador está obligado a cumplir la Opinión Consultiva, con lo cual se refuerza la interpretación integral de nuestra Constitución, ya que en ella se contempla la no discriminación por orientación sexual ni identidad de género.
Ecuador únicamente reconocía el matrimonio heterosexual y como un elemento de menor protección la unión de hecho. A partir de hoy, es el quinto país sudamericano en el que dos personas del mismo sexo pueden acceder a los derechos y obligaciones de un matrimonio civil. En América Latina ya han aprobado alguna reforma legal de matrimonio igualitario países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Uruguay.