Con la presencia de una gran comitiva de representantes y pobladores de Isla de Muisne que llegaron a la ciudad de Quito, la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, acudió a la Corte Constitucional para presentar la acción de inconstitucionalidad con el objetivo de derogar la Resolución N° SGR-073-2016 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que declara a la isla como “zona de alto riesgo”, además que prohíbe los asentamientos humanos y vulnera los derechos humanos de más de 10 mil lugareños.
Benavides subrayó que “fruto de un proceso de investigación defensorial, surgió esta acción de inconstitucionalidad, adoptando una metodología apropiada para aproximarnos a determinar las posibles violaciones a derechos humanos que existen en este caso. La DPE hizo una serie de peticiones para que las autoridades informen sobre los antecedentes técnicos que fundamentaron la resolución emitida; además, realizamos visitas “in situ” para constatar las condiciones de la población, ya que un 90% nuevamente está habitando en la isla, en la cual se han desatendido los servicios básicos y limitado los derechos a la educación, a la salud, etc., que han agudizado la precaria situación en la que actualmente vive la población de Muisne”.
Cabe recordar que en septiembre, la Defensora del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre la Resolución N° SGR-073-2016, tanto a la Presidencia como a la Secretaría de Gestión de Riesgos, sin tener respuesta oportuna. Por ello, a través de esta acción defensorial, Benavides exige la suspensión de dicha resolución y que se declare su inconstitucionalidad, toda vez que vulnera el derecho a la permanencia en la tierra y territorio heredado, en la que la población “muisneña” ha convivido comunitariamente toda su existencia.
Encabezados por Líder Góngora, representante de la Mesa de comunidades de Muisne afectadas por dicha resolución, las y los pobladores acompañaron a la titular de la Defensoría del Pueblo en la presentación de la acción de inconstitucionalidad, que tiene el objetivo de dar de baja la resolución mencionada, que afecta y continúa afectando los derechos de la población asentada en la Isla de Muisne, para desarrollar sus planes de vida y mantener una convivencia pacífica.
Góngora puntualizó que “toda la población se encuentra en pie de lucha para que esta resolución se derogue, porque lo que ha sucedido en Muisne es que hay más desplazamiento y abandono. La resolución lo único que ha hecho es empobrecernos más. Nosotros tenemos derecho a la reconstrucción de Muisne, al agua, al alcantarillado…Eso es lo que debía haber hecho esta resolución, pero nos ha llevado más a la miseria; por eso estamos exigiendo que sea derogada inmediatamente y que se respeten nuestros derechos”.
La Defensoría del Pueblo está vigilante de que se cumplan los tiempos procesales acorde a derecho, a fin de que se pueda realizar la audiencia correspondiente con el objetivo de que se derogue la Resolución N° SGR-073-2016 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y los habitantes de Muisne dejen de ser vulnerados en sus derechos humanos.