En octubre de 2017, Gina Patricia Guerra Fajardo, solicitó información y documentación a la Escuela Politécnica Nacional (EPN), sin tener un resultado positivo. Su pedido se refería a la entrega del Manual de Puestos para servidores y empleados de la Escuela Politécnica Nacional y la Resolución de Consejo Politécnico de aprobación del mismo.
Gina Patricia no solicitaba información o documentación de carácter reservado, que pertenezca a terceras personas o que vulnere otros derechos consagrados en la Constitución del Ecuador, ni relativo al derecho de protección de datos de carácter personal y que requieran autorización del titular o por mandato de la ley; era información pública sobre las actividades y concursos públicos de méritos y oposición que se han llevado en dicha entidad de educación superior.
Por ello, ante la falta de contestación y entrega de información y documentación pública requerida por la accionante, y con el objetivo de tutelar sus derechos, la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) activó el mecanismo defensorial por el derecho constitucional de petición, sin recibir respuesta alguna, a pesar que el delegado provincial personalmente notificó la providencia de seguimiento a la máxima autoridad de la EPN, por lo que se decidió ir por la vía constitucional y de exigibilidad jurisdiccional, patrocinando a la mencionada ciudadana.
La acción constitucional presentada por la Delegación de Pichincha buscaba la declaración de que la EPN vulneró el derecho de acceso a la información pública consagrado en la norma constitucional, ya que en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Además, la Constitución prevé el mecanismo de protección para ejercer el derecho al acceso a la información, en caso de que su ejercicio directo, por medio de una solicitud administrativa, sea denegado.
Finalmente, tras la audiencia oral y pública, frente a los argumentos presentados por la Delegación de Pichincha, la EPN se allanó a los mismos, por lo que la jueza de instancia constitucional resolvió declarar la violación del derecho a la información pública a Gina Patricia y dispuso a la Escuela Politécnica Nacional que realice la entrega inmediata de la documentación solicitada, con lo cual se pudo garantizar el derecho de dicha persona a obtener la información solicitada.