Francisco Hurtado, Adjunto de DDHH de la Defensoría del Pueblo, compareció el miércoles 24 de octubre, ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, para informar sobre la gestión institucional emprendida a escala nacional para atender los reclamos ciudadanos motivados por supuestos pagos no autorizados que fueron gestionados a través de diversas entidades financieras.
Hurtado manifestó que las instituciones del Estado y las empresas privadas están obligadas a cumplir con la Constitución y las leyes que las regulan y controlan, por eso existe una investigación defensorial sobre los supuestos cobros indebidos a escala nacional, que ha implicado solicitar información a las Superintendencias de Bancos, Compañías y Economía Popular y a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.
En el análisis defensorial se presume que los cobros indebidos suceden por dos razones: por una serie de acciones u omisiones cometidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y las tres superintendencias citadas, y por la asociación entre entidades financieras y no financieras para extraer excedente de manera injustificada a los consumidores.
La forma en que dicho mecanismo opera es objeto de investigación defensorial, por lo cual se realizará una primera audiencia el próximo 31 de octubre, en la cual participarán las superintendencias involucradas, la Junta Monetaria, y el asambleísta Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.
En cuanto a los afectados, la Defensoría del Pueblo está registrando a escala nacional todos los reclamos con el fin de apoyar en la canalización de esos reclamos a la Superintendencia de Bancos y Seguros, ante la ausencia de defensores del cliente, lo cual podría permitir la devolución de los valores indebidamente cobrados
El resultado de la investigación defensorial permitirá determinar responsables de las instituciones públicas y privadas involucradas, recomendar acciones para la sanción a los responsables, que pueden ser administrativas, civiles y hasta penales, y sugerir medidas de no repetición para el futuro.
Finalmente, el Adjunto de DDHH de la Defensoría del Pueblo enfatizó que a través del sistema financiero se deben analizar estructuralmente todas estas formas de cobros, no sólo para sancionar a responsables sino sobre todo para reparar a las personas afectadas y establecer medidas de no repetición”.