La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como la Institución Nacional encargada de la protección y promoción de derechos de las personas que viven en el país, en relación a la sentencia del caso de Satya Amani Bicknell, por parte de la Corte Constitucional, manifiesta lo siguiente:
Hace más de 6 años, la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó una acción de protección a favor de una niña, para que el Estado reconozca su identidad en función de lo que determina la Constitución de la República, en su artículo 67, ya que ella es parte de una familia diversa conformada por dos madres. Después de que esta acción fue negada en primera y segunda instancia, se recurrió a la Corte Constitucional, mediante una acción extraordinaria de protección, que se presentó el 10 de septiembre de 2012. Ya en Corte Constitucional, se dieron diversas audiencias e insistencias para que el máximo estamento de justicia constitucional del país se manifieste sobre este caso.
Ahora, cuando finalmente se lo ha resuelto, la Defensoría del Pueblo saluda esta importante decisión de la Corte Constitucional que se convierte en un hito sustancial en el desarrollo de derechos de las familias diversas en el país; así como también, se constituye en un precedente fundamental que favorece el fortalecimiento y desarrollo de los derechos del colectivo LGBTI, a nivel nacional y regional.
A través de esta sentencia, se reconoce el valor de los derechos a la identidad, a la igualdad y no discriminación, a la tutela judicial efectiva, así como a otros derechos conexos. Es un paso importante para que como sociedad entendamos realidades diferentes y las respetemos de manera integral, así como también, para que las Instituciones del Estado comprendamos nuestro rol como garantes del ejercicio de derechos de todas y todos quienes conformamos esta sociedad, sin ningún tipo de discriminación.
Saludamos la persistencia de la familia de Satya y reconocemos su lucha porque no se afecte su dignidad. Así como también, reconocemos el apoyo de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que han insistido incansablemente porque este caso sea resuelto favorablemente y convierta en el precedente que es hoy.
La Defensoría del Pueblo, como accionante en el presente caso, realizará un seguimiento cercano para que todas las disposiciones de esta sentencia sean cumplidas a cabalidad, y recuerda su firme compromiso para que estos casos no se vuelvan a repetir en nuestro país.
Gina Benavides Llerena
DEFENSORA (E) DEL PUEBLO DE ECUADOR
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