Un ciudadano solicitó la intervención de la Coordinación General Defensorial Zonal 1 en Tulcán, pues informó que fue notificado de una deuda que mantenía con el municipio de Tulcán, por pagos de impuesto predial de un terreno, pero aduce no mantener ningún valor pendiente en el GAD cantonal.
Sin embargo, en el municipio de Tulcán, informan que efectivamente el ciudadano debe un valor, generado por la falta de pago del impuesto predial de un terreno que está registrado a su nombre.
La Defensoría del Pueblo ingresó la queja correspondiente y tomó contacto con funcionarios del Municipio, para verificar la información proporcionada por el ciudadano. Efectivamente constaba un valor pendiente por falta de pago, el mismo que se debía a un error en el sistema por la duplicación de claves catastrales.
Por tanto, se procedió a cancelar una de las claves y a cotejar las cuentas a fin de tener un valor exacto de los cobros del bien, tomando en cuenta el pago que el ciudadano hizo a la otra cuenta. De esta manera se tutelaron los derechos del afectado a recibir productos de calidad.
——————– + ——————–
Yadira A., adquirió una lavadora en un almacén de la ciudad de Esmeraldas. Al poco tiempo, el electrodoméstico presentó daños, por lo que la ciudadana decide hacer válido su derecho de garantía. El servicio técnico revisa el bien por varias ocasiones, y a pesar de comprobarse que se trataba de un daño de fábrica, rehúsa devolver un electrodoméstico nuevo.
La ciudadana se acercó hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo para denunciar el caso. Una vez ingresado el caso se procedió a tomar contacto con el almacén para solicitar información sobre el caso. El representante del local al conversar con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, comprendieron su deber con la cliente y procedieron a reponer una nueva lavadora y solicitar las disculpas debidas.
La ciudadana agradeció la gestión oficiosa de nuestra entidad, pues pudo acceder a la reposición inmediata del electrodoméstico.
——————– + ——————–
Patricio E. y Horacio P., presentaron una denuncia ante la Delegación de la Defensoría del Pueblo de Imbabura, debido a que presentaron una solicitud de acceso a información pública, referente al proyecto de agua potable de la comunidad de Nangulví Bajo, pero al parecer nunca tuvieron una respuesta a su solicitud, ni tampoco la información solicitada.
La Delegación de Imbabura, realizó la tramitación correspondiente, y se comunicó con la alcaldía de Cotacachi para verificar el motivo por la falta de entrega de la documentación referida. El Municipio se compromete a entregar la información, y una vez lo hace, informa a nuestra Delegación, el cumplimiento con la entrega de información a los ciudadanos.
De esta manera, los peticionarios pudieron acceder a su derecho a recibir información de carácter público.
Además se exhortó al GAD de Cotacachi a que en peticiones futuras de acceso a información pública se cumpla con el plazo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública.
——————– + ——————–
Una ciudadana acude a la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo para solicitar la intervención ante una persona natural que prestó un mal servicio profesional. La peticionaria indicó que contrató los servicios de esta persona para que instale piso flotante en su domicilio por el valor de USD 1,500. Para iniciar con el trabajo se realizó un abono de USD 1,000.
Sin embargo, al momento de la instalación, la peticionaria se dio cuenta que no era el color que ella habría requerido, razón por la cual, decidió cancelar la prestación del servicio y la devolución del dinero, pero nunca recibió una respuesta efectiva de la otra parte. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo llamó a una audiencia a ambas partes llegando a un acuerdo.
——————– + ——————–
Un ciudadano de la comunidad San Clemente del Cantón Archidona presenta una petición en la Delegación Provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo contra un almacén comercial ubicado en la ciudad del Tena, pues sostiene que le vendieron con engaños una cocina de inducción que hasta la fecha no puede utilizar debido a que no cuenta con el servicio de energía de 220V en su domicilio.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo inicia una gestión oficiosa en la que remite la queja a la empresa proveedora. Luego de un diálogo se concretó la devolución del artefacto, por lo que se procedió a realizar el acta transaccional suscrita por las partes, logrando así proteger los derechos del consumidor.
——————– + ——————–
Una ciudadana presenta una petición en la Coordinación Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo indicando que fue notificada mediante oficio que estaba suspendida por tres meses de su trabajo, esto tras una sanción impuesta por el directorio de la Asociación de Trabajadores de Baterías Sanitarias “Confraternidad y Trabajo” a la que pertenecía. La persona señaló que nunca le entregaron el oficio, informándole ese mismo día que estaba suspendida.
La peticionaria presentó la documentación en la que demostró que el procedimiento de notificación no cumplió con lo dispuesto en la Ley ni en el reglamento, por tanto nunca se le dió la oportunidad de defenderse. La persona además tiene un hijo con discapacidad física, con un porcentaje del 80% que depende de ella y de sus ingresos económicos.
Tras conocer el caso, la Defensoría del Pueblo tomó contacto la persona encargada de la Dirección de Servicios Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato a quien se explicó lo suscitado, llegando a un acuerdo que permitió la incorporación laboral de la peticionaria. De esta forma se logró tutelar el derecho al debido proceso y al trabajo de la ciudadana, dejando la sanción impuesta insubsistente.
——————– + ——————–
Tras la queja verbal presentada por una ciudadana en la que explicó que una empresa encargada de la fabricación y entrega de puertas metalicas con motor incumplió con las características pactadas en la orden de compra, la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa con el fin de tutelar los derechos de la peticionaria. Luego de la intervención defensorial se logró la devolución de los valores correspondientes a la puerta, informando a la empresa de los derechos estipulados en la Ley Orgánica del Consumidor.
——————– + ——————–
Un ciudadano se acerca a la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo para denunciar que ha emitido en varias ocasiones oficios para la anulación de la compra de una cocina de inducción que estaban debitando de su planilla eléctrica. El peticionario es una persona adulta mayor que no cuenta con los recursos económicos suficientes para cancelar este valor. Por esta razón, se procedió a dialogar con representantes del establecimiento requerido y de la empresa eléctrica para exponer la situación; quienes accedieron a devolver los valores reflejados en la factura de luz eléctrica.
——————– + ——————–
Un ciudadano docente de una Unidad Educativa presentó una queja por escrito ante el Distrito de Educación de Guaranda por una supuesta falta de pago de los haberes. Al no recibir ninguna respuesta o solución se acerca a esta Delegación, una vez admitida a trámite la denuncia, se procedió a convocar a audiencia pública donde los representantes del Distrito de Educación de Guaranda se comprometieron a gestionar el pago de los haberes pendientes de manera inmediata.
——————– + ——————–
Un nuevo caso de engaño al consumidor fue presentado ante esta Delegación Provincial por parte de una señora adulta mayor quien manifestó que vendedores de Almacenes Japón le dejaron una cocina de inducción a base de engaños al decirle que fue favorecida con una cocina de inducción y que sus planillas de energía le iban a salir bajas. Una vez admitida la queja se citó al representante del almacén para que de contestación a la providencia de admisibilidad y se convocó a una audiencia. Las partes llegaron a un acuerdo por lo que la peticionaria desistió de continuar con la queja ya que Almacenes Japón le retiró la cocina y anuló los cobros.
——————– + ——————–
Una persona adulta mayor y con discapacidad presentó una denuncia ante esta Delegación por una vulneración a su derecho a recibir rebaja en el servicio de transporte marítimo Interislas. La Empresa Galápagos Osprey negó a la afectada la venta de un pasaje Interisla con la rebaja del 50%, vulnerando así sus derechos. Una vez admitida la queja, se logró defender los derechos de la peticionaria perteneciente a un grupo de atención prioritaria. Adicionalmente, la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial de Galápagos realizó un llamado de atención a la empresa infractora; por otro lado, la Defensoría del Pueblo observó al resto de operadoras de transporte marítimo sobre el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, Ley Reformatoria a la Ley del Anciano y Ley Orgánica de Discapacidades.
——————– + ——————–
Una ciudadana fue ingresada de manera urgente a una clínica en la ciudad de Cuenca, pues presentaba problemas pulmonares y requería atención de manera inmediata. Una vez la paciente fue atendida, se pidió a los familiares firmar documentación que corrobore la atención privada recibida, a pesar de haber informado que ella mantenía calidad de afiliada en el IESS.
Esta situación, produjo un aumento de valores en la planilla, por lo que el pago se dificulta para los familiares de la paciente.
Hernán E., familiar de la ciudadana atendida en la clínica, se acercó hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Cuenca y denunció el caso. Una vez se tuvo conocimiento del inconveniente, se tomó contacto rápidamente con la casa de salud privada para exigir a los directivos, el cumplimiento de la Constitución, con el fin de poder trasladar a la paciente hasta el hospital de IESS para terminar de recibir el tratamiento.
Los directivos del hospital accedieron a la solicitud, por lo que se gestionó el traslado inmediato de la paciente. De esta manera pudo recibir su tratamiento de manera efectiva y haciendo uso de su derecho a la salud.
——————– + ——————–
Alex A., persona de nacionalidad ecuatoriana que emigró a Chile. al retornar a Ecuador tuvo inconveniente con el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, pues no se le permitió ingresar su vehículo por la falta de un documento. Lamentablemente no podía acceder a este requisito, debido a la falta de actualización del sistema de la Dirección de Migración. Después de algún tiempo le entregan el documento pero contenía errores en el mismo, así que requería realizar nuevamente.
Mientras tanto se entrega al ciudadano varios permisos de circulación. Sin embargo, SENAE a pesar de conocer sobre la falla en el sistema de la Dirección de Migración, procede a retener el vehículo de Alex A., vulnerando sus derechos, por lo que la Defensoría del Pueblo emite un acción de protección a su favor.
Después de los trámites correspondientes, un Juez Constitucional acepta la acción de protección y emite sentencia declarando la vulneración de derechos del ciudadano. Además ordena la entrega inmediata del vehículo al propietario y le concede 90 días para la legalización del automotor, como menaje de casa.
De esta manera se tutelaron los derechos de Alex A., quien agradeció el accionar de la Defensoría del Pueblo, pues le permitió obtener su vehículo y realizar la legalización correspondiente.
——————– + ——————–
Christian L., ciudadano de la provincia de Zamora Chinchipe, acude hasta las oficinas de la Delegación Provincial para dar a conocer su malestar con CNT y Conecel Claro, debido a los inconvenientes que ha tenido el servicio ofertado por estas entidades.
El ciudadano manifiesta que en lo que respecta a CNT, con quien mantiene un contrato por la prestación de servicio de telefonía fija, mantiene dificultades, pues el servicio es deficiente. Además informa que Conecel Claro, empresa que le provee de internet y telefonía móvil, ha suspendido el servicio, motivo por el cual no puede hacer uso del mismo.
Luego de los trámites correspondientes con las empresas, como también la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), se pudo dar solución a los problemas del ciudadano.
Tanto CNT, como Conecel Claro, resolvieron de manera inmediata el inconveniente, cumpliendo así, con sus obligaciones de brindar servicios de calidad.
Christian L., agradeció la oportuna intervención de la Defensoría del Pueblo, que le permitió acceder a sus derechos como usuario de servicios.
——————– + ——————–