Este 18 de octubre de 2017, en el marco del VI Encuentro Internacional – Semana de la Transparencia, que se desarrolló en el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, presentó el informe anual de cumplimiento sobre el derecho de acceso a la información pública 2016.
El titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador explicó los principales resultados de transparencia de enero a diciembre de 2016, haciendo una comparación de los últimos años y analizando el porcentaje de cumplimiento de las instituciones públicas.
Rivadeneira aseguró que es obligación de todas las instituciones públicas elaborar anualmente un informe de transparencia y publicar esta información en sus páginas web y señaló que es fundamental hacer conciencia sobre el derecho de acceder a información.
Asimismo, el Defensor del Pueblo de Ecuador explicó que antes los informes de transparencia se recibían de forma manual pero que a partir del año 2015 gracias al apoyo de Eurosocial se diseñó una aplicación informática en la que las instituciones públicas suben información digitalizada.
Rivadeneira se refirió también al alto índice de cumplimiento de las instituciones al presentar los informes de transparencia. “Este año hemos llegado al 99% de presentación de informes de transparencia. Solo 13 instituciones incumplieron con la información de acceso a la información pública”, aseveró.
El Defensor del Pueblo indicó que la Función Ejecutiva es la que más solicitudes de acceso a la información recibe. Y acerca del rango de respuestas a estas solicitudes dijo que existe un promedio de 9 días.
Finalmente Rivadeneira afirmó que uno de los retos en este ámbito es que las instituciones privadas que manejan recursos públicos presenten información pública.
Luego de la intervención del Defensor del Pueblo continuó una jornada académica abierta al público con la presencia de expertos nacionales e internacionales quienes expusieron sus experiencias en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En el primer panel titulado “Datos abiertos como mecanismo para la protección de derechos humanos” participaron Cristhian Bahamonde, Director General de Política Pública de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y Jeannette Colomarco, representante de Legaltech Asesores Consultores.
Bahamonde mencionó que uno de los retos de datos abiertos en Ecuador es incrementar la participación ciudadana. Colomarco, por su parte, dijo que la evolución de las tecnologías de comunicación aporta los datos abiertos y al gobierno electrónico.
El segundo panel enfocado en los desafíos de la administración pública en cuanto al dato abierto y el acceso a la información pública intervinieron Adrián Alcalá, secretario de Acceso a la Información Pública, quien habló sobre el manejo de la información pública en México; Raúl Jara Iñiguez, Subsecretario de Gobierno Electrónico del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, quien realizó un resumen global de los datos abiertos en Ecuador; y Marlon Sánchez, Presidente y director ejecutivo de Infodesarrollo, quien explicó la importancia de empoderar a la ciudadanía sobre la información pública.
El tercer panel “Transparencia: datos abiertos a nivel municipal” contó con Rosa Elena Guerrero Mafla, Directora de Gestión de la Información del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, quien detalló los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la capital; Juan Pablo Álvarez, Jefe de la Unidad Técnica de Contratación del GAD Quito, que explicó los procesos de contratación municipales y las mejoras; y Luis Santa María, Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, quien dilusidó el modelo de gestión de transparencia municipal y la fiscalización.
En el cuarto panel, en cambio, se resolvió la inquietud ¿De qué manera los datos abiertos fortalecen la acción política y la democracia?. Para ello se contó con la presencia de René Maugé, Director Ejecutivo de Instituto de la Democracia, quien afirmó que la información pública pertenece a la ciudadanía, pero que no se la socializa. Estuvo también Edwin Jarrín, Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien reflexionó sobre el índice de transparencia y la construcción de procesos más eficientes de rendición de cuentas.
En el quinto panel “aportes para una propuesta de reforma a la LOTAIP, con un enfoque de dato abierto” estuvieron Tania Acosta, Coordinadora Técnica de Controversia del Servicio Nacional de Contratación Pública y Daniel Barragán Terán, Director Ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y territorio de la Universidad de Los Hemisferios; quienes se refirieron principalmente a la formación de veedurías ciudadanas para transparentar la información.
En el sexto y último panel sobre políticas públicas y buenas prácticas de dato abierto en la región intervinieron Luiza Galiazzi Schneider, Jefa de Servicio de Recursos en Acceso a la Información de la Contraloría General de la Unión de Brasil y Adrián Alcalá, Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México; quienes expusieron las experiencias de sus países.
La segunda parte de esta jornada de la Semana de Transparencia se realizará el 19 de octubre, donde se establecerán mesas de trabajo a fin de rescatar los retos y desafíos sobre transparencia y acceso a la información pública.
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