PRONUNCIAMIENTOS

8 de Marzo, Un Compromiso Irrevocable con la Igualdad y la Dignidad de las Mujeres

sábado, 8 marzo 2025, 8:53 am

8 marzo

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha que nos invita al análisis de los avances alcanzados, pero también a la evaluación de los desafíos persistentes que enfrentan las mujeres.

Este día no solo es una fecha simbólica; es un recordatorio de que las sociedades no han garantizado aún el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. A pesar de los avances, los datos muestran una realidad inaceptable. En Ecuador, según el último censo, las mujeres representan el 50.6% de la población, pero siguen enfrentando barreras estructurales en el acceso a la educación, la economía, la salud y la justicia. La violencia de género es una pandemia silenciosa que aún no hemos erradicado.

La historia de esta fecha tiene su origen en las luchas históricas de las mujeres trabajadoras del siglo XX, quienes exigieron mejores condiciones laborales, el derecho al voto y el reconocimiento de su dignidad. En 1908, 129 trabajadoras murieron en un incendio en Nueva York mientras estaban en huelga por mejores condiciones de trabajo. Su sacrificio no fue en vano: este hecho impulsó la internacionalización de la lucha por los derechos de las mujeres, convirtiendo al 8 de marzo en un símbolo global de la reivindicación de la igualdad de género. Con el tiempo, en 1975, las Naciones Unidas oficializaron la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dándole una dimensión global para promover la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres, la erradicación de la violencia, la conmemoración por los avances logrados y el señalamiento a las deudas pendientes.

A lo largo de las décadas, las mujeres han conquistado derechos que antes parecían inalcanzables: el sufragio universal, la incorporación al ámbito educativo y laboral, la tipificación del feminicidio y la visibilización de la violencia de género. Sin embargo, estos logros han sido parciales y desiguales. En muchos países, las mujeres continúan enfrentando brechas salariales, dificultades para acceder a espacios de poder y políticas públicas insuficientes para erradicar la violencia estructural.

A nivel global, los datos son alarmantes. Según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. En muchos países, la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un 20% o más, incluso en economías desarrolladas. La feminización de la pobreza es una realidad innegable: las mujeres constituyen la mayoría de la población en condiciones de pobreza extrema y tienen menos acceso a recursos económicos y financieros.

En Ecuador, la realidad no es diferente. La violencia de género sigue siendo una de las principales violaciones a los derechos humanos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), más del 40% de las mujeres han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida. Los feminicidios han aumentado y las cifras de impunidad son preocupantes. El acceso a la justicia sigue siendo un desafío, y muchas mujeres enfrentan obstáculos para denunciar y obtener protección efectiva.

Otro ámbito crítico es el acceso al trabajo y la autonomía económica. Aunque las mujeres representan una parte fundamental de la economía ecuatoriana, su tasa de participación laboral sigue siendo inferior a la de los hombres. Muchas de ellas trabajan en el sector informal, sin acceso a derechos laborales, seguridad social o estabilidad económica. Las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes enfrentan una doble discriminación que las deja aún más vulnerables.

El Estado ecuatoriano tiene el deber ineludible de garantizar la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres. La Constitución de 2008 reconoce el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia. Además, Ecuador es signatario de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan al país a tomar medidas efectivas para erradicar la violencia de género.

Desde la Defensoría del Pueblo, trabajamos para que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas. Hemos impulsado mecanismos de denuncia y protección para mujeres en situación de riesgo, monitoreamos la aplicación de políticas públicas con enfoque de género y promovemos reformas legislativas para garantizar mayor equidad. Sin embargo, el camino aún es largo y requiere un esfuerzo articulado de toda la sociedad.

No basta con reconocer el problema; es necesario actuar. Algunos de los desafíos más urgentes incluyen:

1. Erradicación de la violencia de género: Fortalecer los mecanismos de denuncia, protección y sanción de la violencia contra las mujeres, garantizando el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas.
2. Autonomía económica: Implementar políticas públicas que reduzcan la brecha salarial y garanticen igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
3. Acceso a la educación y la salud: Asegurar que todas las mujeres, especialmente las de sectores rurales y marginalizados, tengan acceso a educación de calidad y a servicios de salud con enfoque de género.
4. Participación política y liderazgo: Fomentar la paridad en la toma de decisiones, promoviendo la inclusión de mujeres en espacios de poder y liderazgo.
5. Cambio cultural y social: Trabajar en la erradicación de estereotipos de género a través de la educación y la sensibilización de la sociedad.

Este 8 de marzo, no solo reflexionemos: actuemos. Cada institución, cada persona y cada sector de la sociedad tienen una responsabilidad en la construcción de un Ecuador más equitativo. Desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y llamamos a todas las autoridades, organizaciones y ciudadanía a sumarse a esta causa. La igualdad no es una concesión, es un derecho fundamental. Y garantizarlo es un deber ineludible.
Construyamos un país donde las mujeres vivan con dignidad, sin miedo y con igualdad de oportunidades. Ese es nuestro compromiso y nuestra obligación.

Dr. César Córdova Valverde
DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR (E)