El día de hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemoración que este año tiene un particular significado pues se cumplen 70 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento fue una respuesta consensuada entre la mayoría de países del mundo para evitar que vuelvan a ocurrir los atroces crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su permanencia nos habla de su vigencia y necesidad. Pese a los años transcurridos, la Declaración es sin duda alguna, el instrumento más significativo y el pilar que fundamenta el reconocimiento internacional de los derechos humanos, al igual que su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales de los países miembros.
Esta fecha viene precedida por otra de igual significación para los derechos humanos. El 9 de diciembre es reconocido internacionalmente como el día de los defensores y defensoras de derechos humanos, y con ella valoramos el papel fundamental que cumplen las personas, movimientos y organizaciones sociales que creen en los derechos humanos y reconocen su potencial para luchar contra estructuras estatales y particulares que provocan desigualdad y generan abusos de poder.
En este marco, en 1996 se crea en el Ecuador la Defensoría del Pueblo mediante reforma constitucional, cuya existencia fue ratificada en las Constituciones de 1998 y 2008. Desde entonces ha recorrido un difícil camino para construir su independencia respecto a otras funciones e instituciones del Estado, esto con el objeto de cumplir de forma adecuada con el mandato constitucional de promoción y tutela de los derechos humanos de todos los habitantes del país, de las y los ecuatorianos en el exterior, al igual que los derechos de la naturaleza.
A partir del mes de mayo de 2018, la actual administración de la Defensoría del Pueblo asume el compromiso de promover y asegurar la independencia, pluralidad y autonomía de esta Institución Nacional de Derechos Humanos, principios que no se encontraban presentes debido a la influencia política que vivía el país y limitaba su gestión como garante y protectora de los derechos humanos. Un diagnóstico inicial de la situación de la institución planteó la necesidad de equilibrar y dar la misma importancia a las acciones de promoción y prevención frente a las acciones de tutela en las que se concentra, de manera desmedida, el trabajo cotidiano de la Defensoría a nivel nacional. La mejor forma de aportar a la promoción y tutela de los derechos es la ampliación significativa de los procesos de incidencia en políticas públicas y en la normativa legal, así como en los procesos de educación con el fin de atacar a las causas estructurales que derivan en casos de vulneración de derechos humanos.
De allí que los grandes problemas que enfrenta el Ecuador en materia de protección de Derechos humanos es la falta de información y la visibilización de los casos. En la actualidad, la Defensoría del Pueblo experimenta la ausencia de sistemas de información que permitan sistematizar y evaluar el progreso en materia de protección de derechos humanos en el país, esto debido a que su gestión se limitó a elaborar informes de labor y no sobre la situación concreta de los derechos humanos.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo, con al apoyo del Colectivo de Geografía Crítica, ha iniciado la construcción de una base datos mediante un ejercicio de cartografía participativa en todas las provincias del país, para lo cual se ha contado con el aporte de miembros de los consejos de defensoras y defensores y organizaciones sociales. Este primer trabajo, aún incompleto, revela 495 tipos de vulneración de derechos humanos, de las cuales 112 corresponden a la naturaleza, 65 a defensores y 318 a derechos de poblaciones. Este resultado revela la existencia de una articulación entre los tres tipos de vulneración estructural Derechos Humanos. Prácticamente en todas las provincias del país este enlace se halla presente. Así, donde hay violaciones a derechos de la naturaleza, se violan los derechos humanos y se vulneran los derechos de defensores y defensoras.
En este sentido, los principales aspectos de preocupación que se plantean para la Defensoría del Pueblo como retos a enfrentar, giran en torno a la actividad extractivista (contaminación y falta de consulta); la violencia de género (femicidios); la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes; la limitación a derechos económicos, sociales y culturales (sobretodo a la salud); la movilidad humana (explotación laboral, xenofobia y discriminación); la inseguridad humana (limitación a la libertad de movimiento, integridad y vida de las personas); el abuso de poder por parte de empresas públicas y privadas que impiden el acceso efectivo a bienes y servicios; la grave situación del Sistema Penitenciario del país (hacinamiento y vulneración al derecho a la integridad física, sexual y psicológica de las PPL); la limitación a procesos de reparación a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos; persistencia en la práctica de desaparición de personas; entre otros.
En cambio, cabe destacar los principales problemas que la Defensoría del Pueblo ha logrado identificar en materia de protección de derechos humanos:
- Menor uso del derecho penal para la criminalización a defensores de derechos humanos
- Mayor independencia de los jueces para resolver garantías (Ejemplo: Río Blanco, Comunidad Cofán-Sinangoe, acceso a medicamentos para personas con enfermedades catastróficas, medidas cautelares en caso de movilidad humana)
- Clima de mayor apertura para la libertad de expresión
- Avances a nivel normativo: Aprobación y entrada en vigencia de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Ley del Adulto Mayor, Reformas a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y Ratificación de la Asamblea del Tratado sobre Discriminación
- Mayor apertura del Estado a la actuación y pronunciamientos de Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Finalmente, los principales desafíos que enfrenta la Defensoría del Pueblo para la protección de los derechos humanos se resume en los siguientes aspectos:
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- Evitar que las restricciones presupuestarias afecten los derechos; se espera el respeto al principio de progresividad
- Continuar con el desarrollo normativo para superar los problemas descritos
- Afianzar políticas judiciales de tutela efectiva de derechos a partir del efectivo funcionamiento del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Defensoría Pública
- Evitar que la reingeniería institucional se convierta en restricciones o renuncias a acciones de protección de derechos
- Profundizar en acciones de prevención y promoción de derechos; se espera contar con un sistema de alertas tempranas
- Construir una cultura de paz que destierre el racismo, machismo, clasismo y xenofobia. Se plantea la generación de una Escuela de Derechos Humanos
- Contar con un sistema de registro de información especializado en derechos humanos.
A partir del 5 de diciembre de 2018, el país cuenta con una nueva Ley que norma y regula a la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE). La normativa aprobada por la Asamblea Nacional es un acto que garantiza la democracia y constituye el mecanismo jurídico y político más eficaz para adaptar, reorganizar y fortalecer el trabajo de esta institución a la situación que vive el Ecuador en este momento, y para el futuro. La nueva Ley permitirá, entre otras cosas, iniciar un proceso de reestructuración interna de la DPE que garantice independencia, autonomía y contacto con la sociedad. También permitirá fortalecer la visión articulada de los tres ejes de acción: promoción, protección y generación de conocimiento, al igual que expandir la protección a partir del funcionamiento de mecanismos de protección para NNA, mujeres víctimas de violencia, monitoreo situación personas con discapacidad, naturaleza, pueblos y comunidades y personas en movilidad humana. Además, permitirá garantizar la participación social en la promoción y protección de derechos.
Finalmente, el concurso que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, CPCCS-t debe asegurar la máxima participación, pluralidad y transparencia para que se elija a la mejor persona como máxima autoridad de la DPE, quien deberá continuar con los desafíos que hemos planteado para los próximos cinco años.