La Defensoría del Pueblo, a propósito de la presencia del alto mando militar en la audiencia de juzgamiento realizada el pasado lunes 9 de noviembre en contra de ex miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por el cometimiento de delitos de lesa humanidad, como institución encargada además del Programa de Reparación a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos , expresa lo siguiente:
El Informe Final de la Comisión de la Verdad, publicado en el año 2010, detalla varias vulneraciones de derechos humanos perpetradas entre los años 1984 – 2008, sus mecanismos, estructuras, lugares y conspiraciones, con datos contrastados, ciertos, verificables y muy crudos, que más allá de ser información simplemente cuantitativa y cualitativa (118 casos y 456 víctimas), ha visibilizado marcas de dolor, sufrimiento, miedo e impotencia en las víctimas, sus familiares y la sociedad entera.
Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen derecho a una reparación adecuada, así como al esclarecimiento y la atribución de responsabilidades a quienes violaron sus derechos. Sin embargo, la judicialización no solo responde a ese justo derecho sino a la necesidad de toda la sociedad de condenar y sancionar el cometimiento de graves violaciones de derechos humanos, como un medio de disuasión y de prevención que impida que hechos como los denunciados queden en la impunidad o vuelvan a ocurrir .
En ese contexto, la presencia de la cúpula militar en el desarrollo independiente del proceso judicial ha ocasionado que se retome un debate social ya superado sobre un mal entendido espíritu de cuerpo, pretendiendo equivocadamente institucionalizar situaciones que son atribuibles a ciertos agentes estatales en un momento histórico determinado. Desconocer lo ocurrido o pretender justificarlo resulta injusto para la historia y la memoria social, por lo que es rechazado firmemente por esta Institución Nacional de Derechos Humanos.
Rechazamos además, que se pretenda criminalizar y deslegitimar frente a la opinión pública a quienes fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tales como privaciones ilegales de la libertad, torturas, violencia sexual, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, ampliamente narradas y documentadas en el Informe de la Comisión de la Verdad .
Además, vemos con preocupación como de manera indolente se pretende trasladar un tema enteramente judicial al campo político. No debemos soportar como sociedad que el dolor de las víctimas y su familiares sea llevado a un espacio de confrontación político. La mayor medida de reparación como es la justicia, que busca que un delito no quede en la impunidad, debe brillar más allá de cualquier posición personal o institucional.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo hace un exhorto a todos los actores inmersos en este proceso histórico para que se lo mantenga estrictamente en el ámbito judicial, evitando cualquier medida de presión que pueda afectar la independencia de las autoridades judiciales, de tal suerte que hechos tan dolorosos como estos sean juzgados y sancionados respetando las garantías del debido proceso.
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo Ecuador