La Red de Comunidades del Norte de Esmeraldas, la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social de Esmeraldas, el Vicariato Apostólico de Esmeraldas y la organización Acción Ecológica, presentarán una acción de incumplimiento de la sentencia de medidas cautelares dictadas en el año 2011 y ampliadas en agosto de 2018 en San Lorenzo para prevenir y cesar la contaminación provocada por minería legal e ilegal en la zona.
Este miércoles 10 de abril de 2019, a las 10H00, se presentará esta acción en Quito ante la Corte Constitucional (Av. 12 de octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez), con la presencia de las y los habitantes de las comunidades del norte de Esmeraldas afectados por la contaminación de los ríos y por sus derechos vulnerados.
Cabe recordar que en el año 2011 la Defensoría del Pueblo de Ecuador, junto a la sociedad civil y comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, solicitaron una demanda de medidas cautelares debido a la contaminación que estaba provocando la minería en los ríos de la zona. De allí que se emitió la sentencia de la medida cautelar planteada, y se dispuso obligaciones al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, SENAGUA, MAE, SGR, Ministerio de Salud Pública, GAD Municipal de Eloy Alfaro y GAD Municipal de San Lorenzo; en el año 2018 se extendió la medida a ARCOM y ARCA. Sin embargo, después de ocho años las medidas cautelares no se han cumplido.
Al contrario, la minería legal e ilegal se ha expandido en los cantones, cuyas principales consecuencias han sido la contaminación del agua de los principales ríos, la destrucción de bosques y la pérdida de fauna y flora, así como una grave vulneración de los derechos humanos de los habitantes. Estas actividades están, además vinculadas a una escalada de violencia generando problemas sociales en la zona.
Los peticionarios demandan a la Corte Constitucional se declare el incumplimiento, se sancione a responsables y se ordene la reparación integral por los daños ocasionados durante 8 años de inacción, a favor de las poblaciones y comunidades afroecuatorianas e indígenas afectadas: Awás, Épera y Chachi, la reparación de los derechos de la naturaleza, y fundamentalmente el cese inmediato de toda actividad minera que siga afectando a esta zona del país.