La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, muestra su preocupación ante el anuncio realizado por el Presidente Lenin Moreno sobre el patrocinio que brindará el gobierno ecuatoriano al agente policial procesado por la muerte de Andrés Padilla en el denominado caso Mascarilla.
El contenido esencial del derecho a la vida obliga a los estados a proteger y tutelar eficazmente este derecho. Además, recordamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Zambrano Vélez vs. Ecuador, ha establecido que frente a un hecho en el que se ha privado de este derecho a un civil y en el cual se presuma la participación de un agente de la fuerza pública, el Estado tiene una obligación reforzada de investigar diligentemente, sancionar y reparar este delito como una grave violación de derechos humanos, con el objeto de evitar la impunidad.
Por otro lado, la actuación del Estado debe estar enmarcada en el respeto y garantía del principio de independencia e imparcialidad, que implica especialmente, la no injerencia de otros poderes, en la Función Judicial. En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo de Ecuador observa que el patrocinio que se brindará por parte de la Función Ejecutiva al policía involucrado en el proceso, riñe con este principio pues, genera un desbalance entre la víctima y el procesado y además interfiere en la adecuada administración de justicia.
Asimismo, es importante tomar en cuenta que las víctimas, directas e indirectas de las violaciones a los derechos humanos, tienen el derecho a ser tratadas en condiciones de dignidad e igualdad, a no ser revictimizadas y a recibir protección estatal, por las entidades de la Fiscalía e incluso la propia Función Ejecutiva, para concretar su reparación integral. El procesado, por su parte tiene el derecho a una defensa técnica privada o pública, la cual incluso puede ser otorgada, por la Defensoría Pública del Ecuador.
Se observa entonces, que este anuncio, distorsiona gravemente el sistema y promueve el incumplimiento de la obligación estatal de actuar con la debida diligencia frente a las graves violaciones de derechos humanos y, a criterio de la Defensoría del Pueblo, promueve en el proceso, un ambiente de parcialidad, falta de independencia e impunidad.
Por lo expuesto, exhortamos al Gobierno Nacional, a analizar la medida anunciada contrastándola con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos evaluando así su pertinencia y continuidad, y además, requerimos se tomen todas las medidas necesarias para asistir y proteger a las víctimas del presente caso. Finalmente conminamos a la función judicial a que actúe de manera imparcial en el caso y resuelva en derecho lo que corresponda, con el objetivo de cumplir con una efectiva protección y tutela de los derechos humanos en el país.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
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