El día de hoy, 28 de septiembre de 2018, acaba de ser aprobada la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, con 33 votos a favor, 11 abstenciones, 3 negativas.
En el mes de noviembre se espera que sea ratificada por el pleno de la Asamblea.
Después de un largo proceso de negociaciones, se ha logrado alcanzar un acuerdo que constituye un nuevo marco global para el desarrollo de legislación y políticas que permitan proteger al campo y a los hombres y mujeres rurales.
Para la Defensoría del Pueblo, en su rol de tutelar de los Derechos Humanos y los de la Naturaleza, este nuevo instrumento internacional será un marco importante para tratar los temas rurales, los desplazamientos, las políticas anti-campesinas y la protección a los trabajadores del campo.
El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) empezó a abordar el tema de derechos campesinos en 2008. El mismo año que Ecuador reconoció derechos para la naturaleza. Ambos marcos normativos, sin duda contribuirán a la protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades rurales, que desarrollan su vida apegados a la Naturaleza.
La declaración da un marco para la interpretación y aplicación de varios de los derechos reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador como: el derecho a la tierra, a las semillas, a la soberanía alimentaria y a condiciones de vida digna, entre otros.
La declaración aborda el derecho a la tierra desde el acceso, el uso, su gestión y las relaciones culturales. Plantea el derecho a estar protegido contra desalojos forzados, contra la contaminación y la destrucción de los recursos hídricos. Además promueve la protección a las y los campesinos en contra del acaparamiento de tierras y de la imposición de proyectos que afectan sus territorios y la Naturaleza.
En relación al derecho a las semillas y a la biodiversidad se refuerza la prohibición a la introducción de Organismos Genéticamente Modificados, tema fundamental en el Ecuador, considerando que está pendiente de resolución, una acción de inconstitucionalidad de la Ley de semillas por que permite la introducción de semillas transgénicas. La declaración reconoce además el derecho a guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y re-utilizar las semillas campesinas.
Propone reforzar la soberanía alimentaria, para que las y los campesinos puedan escoger y desarrollar sus propios modos de producción, de transformación, de distribución y de consumo y destaca su rol en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
Finalmente desarrolla los derechos económicos, sociales y culturales, para las poblaciones del campo, garantizando el derecho a ingresos y condiciones de vida decentes, precios justos para las y los campesinos, el acceso a los mercados y a la venta directa, a proteger los medios de producción tradicionales y a determinar los precios y mercados de sus productos; prohibiendo el dumping y los monopolios.
Los más de 5 millones de campesinos y campesinas y de trabajadores en zonas rurales en el Ecuador, que de distinta manera y en distintos momentos han reivindicado sus derechos a poder alimentar sus familias y sus comunidades y lograr mantener sus tierras y territorios saludables, sin duda cuentan ahora con un nuevo instrumento para la exigibilidad de sus derechos.
La Defensoría del Pueblo, como la Institucional Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, saluda esta nueva declaración a favor de los derechos humanos. El gobierno del Ecuador votó a favor de está resolución, esperamos que esto se refleje en la políticas públicas.
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