Hoy, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira Silva, asistió a la audiencia de casación por el delito de odio cometido en contra del señor Michael Arce, en la que después de escuchar los argumentos de ambas partes, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de instancia provincial, siendo este el primer caso de delito de odio racial sentenciado en el país. Este fallo se dictaminó por unanimidad del Tribunal.
Sobre la intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo afirmó que en base a la denuncia presentada en 2011 se emitió una resolución sobre el caso, en la que, luego de un proceso investigativo, se determinó que hubo afectaciones a derechos constitucionales del señor Arce. Sobre ello, aseguró “permanentemente el país existen casos de discriminación, no solamente en las fuerzas armadas, hay situaciones de discriminación en instituciones públicas, privadas. Hemos encontrado características de exclusión y discriminación de personas afroecuatorianas, indígenas, LGBTI; pero el país tiene que superar estas situaciones de discriminación”.
El hostigamiento y los malos tratos obligaron al joven a solicitar la baja voluntaria de la Escuela Superior Militar. Al respecto el Defensor del Pueblo explicó “la Defensoría del Pueblo entrevistó a muchas personas, entre ellos estudiantes de la misma escuela militar, para concluir que existieron vulneraciones de derechos humanos. Varios testimonios aseguraron que el señor Arce recibió un trato discriminatorio, diferenciado, no únicamente que correspondía a situaciones de orden físico, que puede ser normal en un entrenamiento, sino que recibía un trato diferenciado respecto a los otros estudiantes”.
El sentenciado Fernando E. deberá ofrecer disculpas públicas a Michael Arce. Además ambas partes deberán recibir tratamiento psicológico.
Este proceso de delito por odio racial es un hecho histórico, al ser el primero judicializado en Ecuador y representa un precedente en casos de agresión, discriminación y vulneración de derechos.
Antecedentes
En diciembre de 2011, la Defensoría del Pueblo de Ecuador inició una investigación sobre este caso, que finalizó con la emisión de una resolución defensorial, en la que se determinó la existencia de actos de discriminación contra Michael Arce. Asimismo, se exhortó a la institución de las fuerzas armadas a adoptar mecanismos correctivos y ejecute medidas de reparación integral.
En 2012, la Fiscalía General del Estado empezó la investigación luego de que la Defensoría del Pueblo remitiera la mencionada resolución para su conocimiento.