La Defensoría del Pueblo de Ecuador, a un año de la aprobación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres, y ante los reiterados y graves hechos que se vienen registrando en el país, en su calidad de Institución de Derechos Humanos se pronuncia:
El día de ayer, lunes 04 de febrero de 2018, varios medios de comunicación anunciaron tres nuevos casos de violencia contra mujeres, los cuales confirman que este problema social y cultural se agrava y parece estar fuera del control de las autoridades e instituciones del Estado. Cabe recordar que en dos de los tres casos las víctimas fueron niñas. Aún más, es muy preocupante que en uno de ellos la agresión la cometieron adolescentes, en el otro un sacerdote de la Iglesia Católica, y en el otro la ex pareja.
Frente a estos hechos, es pertinente recordar que el proceso penal ante las agresiones debe dar una respuesta oportuna que garantice la tutela judicial efectiva y la reparación a las víctimas, tal y como lo reconocen los artículos 75 y 78 de la Constitución. Sin embargo, las sanciones a la violencia no son suficientes para prevenir y erradicarla, tal y como lo reconoce la Ley Orgánica Integral que entró en vigencia el 05 de febrero de 2018, la cual plantea como ejes de política pública la prevención de la violencia, al igual que la atención, protección y reparación de las mujeres víctimas.
Del mismo modo, los artículos 1 y 5 de esta ley disponen expresamente como obligación estatal la prevención y erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres, brindando atención prioritaria y especializada a niñas y adolescentes, para lo cual deben adoptarse todas las medidas políticas, legislativas, judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias, obligaciones que deben garantizarse a través de un plan de acción específico incluido en el Presupuesto General del Estado.
Adicionalmente, para cumplir con el objetivo de la ley se establece el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuyo órgano rector es la Secretaría de Derechos Humanos conformado por varias instituciones estatales (de la función ejecutiva y judicial), así como por entidades autónomas, entre ellos los Consejos de Igualdad y la Defensoría del Pueblo. Sobre este Sistema, el artículo 17 dispone al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar la asignación de presupuesto a cada una de las entidades que lo conforman.
Cabe señalar que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus Observaciones Finales a los informes periódicos de cumplimiento octavo y noveno emitidas el 11 de marzo de 2015, instó expresamente al Estado ecuatoriano a que “agilice la aprobación de un completo plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres” y que establezca un presupuesto adecuado (CEDAW/C/ECU/CO/8-9). El Comité viene reiterando esta observación al país desde el año 2008.
Esta obligación internacional está vinculada a las recomendaciones generales contenidas en los informes anuales de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. En el año 2017 recomendó a los Estados “asignar suficientes recursos humanos y financieros para aplicar de manera adecuada políticas medidas y programas integrados a fin de prevenir y combatir la violencia de género” (A/HRC/35/30).
Lamentablemente, en el marco de la mesa de trabajo para el seguimiento del cumplimiento de esta ley convocada por la Asamblea Nacional, el día de ayer lunes 04 de febrero de 2019, se ha podido constatar los límites presupuestarios con los que contamos las instituciones a cargo del Sistema, lo que redunda en dificultades para cumplir con nuestras obligaciones de prevención de la violencia contra las mujeres.
A la Defensoría del Pueblo le preocupa que la Función Ejecutiva no dé muestras de voluntad política para enfrentar la violencia contra las mujeres, puesto que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha previsto ni ha asignado recursos económicos específicos y suficientes para implementar, de manera progresiva, las competencias asignadas hace un año. También expresa su preocupación frente al anuncio gubernamental de que la única revisión del presupuesto será para la compra de armas, cuando la necesidad de seguridad de las mujeres amerita financiar al sistema de manera integral.
Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo de Ecuador exhorta:
1.- A la Presidencia de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas a asignar recursos financieros suficientes y adecuados para el año 2019, tendientes a garantizar la implementación de competencias por parte de todas las instituciones que conformamos el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres;
2.- A la Asamblea Nacional a cumplir con sus competencias de control y fiscalización respecto de la asignación de recursos que debería realizar la función ejecutiva a todas las instituciones del Sistema;
3.- A las instituciones de la Función Judicial a garantizar de manera oportuna y efectiva la tutela judicial efectiva y la reparación a víctimas en los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los dos reportados esta semana; y,
4.- A la Arquidiócesis de Quito y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a tomar las acciones urgentes e inmediatas frente a los casos de violencia contra las mujeres en las que están involucrados sacerdotes católicos, incluido el último caso reportado en la ciudad de Quito.
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